Hace aproximadamente un año, el entonces vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad de La Laguna (ULL), José María Palazón, expresaba su preocupación por el retraso en la elaboración de la normativa que debe regular, y limitar, la permanencia del alumnado en las dos universidades canarias, una tarea encomendada a los consejos sociales de ambas instituciones académicas. El reglamento sigue hoy sin estar aprobado, pero lo estará durante lo que resta de curso para empezar a aplicarse el siguiente, según ha asegurado el secretario del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Miguel Ángel Acosta.

"Estará finalizado antes de finalizar el curso y entrará en vigor en el 2012-2013, seguro", enfatiza Acosta. La norma que diseñan los consejos sociales será muy similar para las dos universidades -"habrá una coincidencia de un 90 por ciento y las diferencias serán en cuestiones muy concretas"-, y la idea es que se implanten también de forma simultánea.

"Si la Consejería de Educación está impulsando un distrito universitario único en las Islas, no tiene sentido que las normativas sean dispares", argumenta Acosta.

Lo cierto es que las noticias sobre el estado en que se encuentra la elaboración del reglamento de permanencia proceden exclusivamente de la ULPGC. Este periódico ha intentado conocer, sin resultado alguno, los datos que al respecto pueda ofrecer el Consejo Social de la ULL, y en especial su presidente, el diputado de CC José Miguel González.

El reglamento no se limitará a establecer el tiempo máximo que un estudiante puede permanecer en la Universidad, sino que también se concibe como una normativa de "progreso", un aspecto en el que insisten tanto el representante del Consejo Social de la ULPGC como el vicerrector de Ordenación Académica del centro docente, Luis Álvarez.

Este progreso se entiende como un itinerario ordenado que han de seguir los alumnos para evolucionar en sus estudios. Se trata de fijar el trabajo que el estudiante tiene que hacer cada año. "El alumno asume un compromiso social y debe cumplirlo. No tiene sentido que un estudiante de primer curso tenga asignaturas de tercero y cuarto. Debe existir un progreso, una evolución, entre otras cosas porque eso permite que el alumno termine antes sus estudios", expone Álvarez.

Los dos aspectos que recogerá la futura norma -permanencia y progreso- están estrechamente relacionados con la creciente exigencia a las universidades de que mejoren sus índices de éxito académico. "Se nos mide también por los resultados", recuerda el vicerrector de la ULPGC.

Por ello, "ya no es posible que un alumno pueda estar en la universidad toda la vida, y menos en tiempos de crisis, o que una carrera de cuatro años se haga en ocho", apunta Álvarez.

Tanto Las Palmas como La Laguna se han dotado ya de normas que definen las diferentes tipologías de estudiante -a tiempo completo y a tiempo parcial-, un paso previo a la publicación del reglamento que regulará la permanencia. Terminado el trabajo de "diseño" del documento, la tarea que debe completarse ahora consiste en "detalles mínimos", afirma el secretario del Consejo Social de la ULPGC para confirmar que la conclusión del proceso está cerca.

Un 70% ya pone límites

En torno al 70 por ciento de las universidades públicas españolas cuenta ya con algún tipo de reglamento que regula el tiempo máximo que un alumno puede permanecer en ellas o establece qué cantidad de créditos debe superar cada curso para permitírsele continuar con sus estudios. Esos son los datos que maneja el vicerrector de Ordenación Académica de la ULPGC, Luis Álvarez. Las instituciones canarias se incorporarán, por tanto, con cierta demora pero aún a tiempo a un proceso que ha derivado en normas variadas pero, en algunos casos, considerablemente estrictas. Como ejemplo, la Universidad Autónoma de Madrid establece un sistema progresivamente exigente a medida que se avanza de un curso a otro. La Universidad Carlos III, también en la capital de España, exige aprobar todo el primer curso en un máximo de dos años. Algunas instituciones marcan un máximo de convocatorias de examen -cuatro es lo habitual- que, además, se agotan aunque el alumno decida no presentarse.