El Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia presentada contra un trabajador del Centro San Lázaro Martha III por la supuesta agresión sexual de la que habría sido objeto una de las usuarias. La jueza consideró que "no aparece debidamente justificada la perpretación del hecho supuestamente delictivo" que motivó la causa.
Una de las pruebas fundamentales fue la declaración realizada ante la Guardia Civil por quien supuestamente había sufrido la agresión, una mujer acogida en el centro de educación especial a la que se le reconoce una discapacidad psíquica del 47%. La misma señaló a tres educadores de dicho centro como los presuntos inductores de sus palabras en las que acusó a otro educador de haberle obligado a realizarle tocamientos.
Fuentes del centro afectado explicaron que, una vez conocida la sentencia emitida el pasado 3 de octubre, se procedió a la suspensión de los tres educadores.
La Dirección, el personal y la junta directiva de la Asociación San Lázaro, responsable de la residencia de menores para discapacitados físicos y psíquicos con medidas de desamparo Martha III, explicaron en su momento que tras tener conocimiento de las denuncias procedieron a dar los pasos oportunos para aclarar la situación con la supervisión de la Unidad de Discapacidad.
En cualquier caso, reconocieron que quienes trabajan con discapacitados psíquicos "están expuestos a acusaciones sin motivos", pero lamentaron que a raíz de dicha denuncia hubiera "trabajadores irritados que aprovechan cualquier motivo para hacer daño a compañeros y a la empresa".
Los usuarios del centro de discapacitados Martha 3 fueron reubicados en otros recintos como consecuencia de las dificultades que encontró la propiedad para continuar la actividad debido a los problemas económicos. El Cabildo de Tenerife era la única administración que aportaba fondos a este proyecto si bien la Asociación San Lázaro continúa con la actividad en sus otros centros.