"El bebé precisará de la asistencia de una tercera persona, ya que nunca más podrá valerse por sí mismo, ni siquiera para las labores más sencillas". Con esta dramática frase el Servicio Canario de Salud (SCS) ha admitido los graves daños sufridos por un niño durante el parto en la clínica Hospitén Tamaragua, del Puerto de la Cruz, en una intervención concertada por la sanidad pública.

Además del claro perjuicio para la víctima, esta situación tendrá un coste para el SCS de al menos 654.035,50 euros, la indemnización que fuentes oficiales del propio servicio admitieron ayer en declaraciones a EL DÍA y que, no obstante, tratará de ser recuperada mediante una demanda al centro en el que se produjeron los hechos, según esas mismas fuentes.

Los perjuicios sufridos por el niño en el año 2005 son de tal magnitud que suponen una discapacidad reconocida oficialmente del 83% como consecuencia de una encefalopatía de origen "hipóxico-isquémico", tal y como consta en la resolución del propio SCS, difundida ayer por el Defensor del Paciente y facilitada a este periódico por la agencia Europa Press.

Carencia de medios

Este tipo de encefalopatía es un síndrome producido por la disminución del aporte de oxígeno o a la reducción mantenida del flujo sanguíneo al cerebro.

La decisión final de realizar el pago, inferior a los 900.000 euros que pedía la propia familia, se produce después de que el Consejo Consultivo de Canarias rechazara la pretensión inicial del SCS y defendiera como procedente "el reconocimiento de una indemnización, considerándose que los daños ocasionados eran evitables".

Los hechos de esta resolución histórica en términos económicos, al menos en el caso de Canarias, se remontan al 15 de junio de 2005, cuando la madre del niño afectado acude al centro sanitario con una rotura de bolsa. No obstante, y según el citado informe del SCS, la paciente no fue monitorizada ni se le realizó un seguimiento de las contracciones.

Una vez llevada al paritorio, tal y como consta en la descripción oficial de los hechos, no recibió asistencia médica de ningún ginecólogo. Al menos en un primer momento solo se encontraba presente una matrona. Se produjeron "dificultades de expulsión" que obligaron a realizar "maniobras de resucitación activa".

El informe dice que "una vez que se produce la expulsión fetal, no consta estudio bioquímico, no consta la presencia en paritorio del pediatra con experiencia en neonatos, no consta la presencia del pediatra de guardia, a quien se avisa posteriormente".

Así, el SCS concluye en el documento que "la asistencia prestada durante el parto, así como los informes emitidos, resultan insuficientes, contradictorias, observando serias deficiencias en cuanto al seguimiento, así como los medios materiales y humanos aportados por el centro sanitario".