EL CONCURSO para la adjudicación de las frecuencias de radio del espectro radioeléctrico canario terminó como el rosario de la aurora, y no me refiero a la diputada del PP. Después del escándalo que se montó tras la propuesta de la mesa, la adjudicación definitiva pareció dormir el sueño de los justos, quizás para siempre. Un sueño del que muchas emisoras no despertarán jamás, como Radio El Día, que ya cerró, Radio Isla, Mega Latina, Radio Milenium, Radio Pulso, Gente Radio, Radio Ranilla y un larguísimo etcétera de frecuencias que dejarán de emitir sucesivamente, a medida que sus empresas vayan cerrando, dejando cada vez más huecos en un espectro que se va quedando paulatinamente mudo, porque las nuevas emisoras adjudicatarias de esos diales nunca emitirán, ya que el desembolso exigido sería inabordable en estos momentos.

El concurso ha sido un verdadero desastre, porque ha beneficiado a empresas de fuera y cerrado a las canarias, dejando a cientos de profesionales en la calle. Y no digo que ese haya sido el objetivo de los que redactaron los pliegos de condiciones técnicas y administrativas, pero sí el resultado, por lo que no entiendo por qué no se anuló, en vez de resolverlo definitivamente. Un Gobierno nacionalista, como cualquier Gobierno, está obligado a cumplir la ley siempre, pero si esa ley perjudica a las empresas canarias debe cambiarla. La gestión del espectro radioeléctrico canario debe ser una competencia de la Comunidad Autónoma, ya que somos un Archipiélago alejado del resto de las comunidades peninsulares y no podemos invadir el espacio radioeléctrico de ninguna otra. Por eso, el CCN pactó con el PP la reforma del Estatuto de Autonomía, para asumir nuevas competencias como esta. Además, la intervención de los poderes públicos en los mercados, también en el radioeléctrico, cuando no viene motivada por razones de interés general, produce siempre distorsiones y siembra suspicacias, por lo que es mejor liberalizarlos, estableciendo tan solo unos mínimos límites que regulen las actividades de las empresas que emitan, para que sus contenidos no vulneren la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Canarias y el resto de la legislación española y canaria. Mientras tanto, el Gobierno de Canarias debe proteger más a las empresas radiofónicas canarias, con todas las posibilidades que le otorga la actual legislación, porque son las que crean empleo y pagan sus impuestos aquí, y las que llevan emitiendo desde hace años. Son nuestras radios, las de toda la vida, y tenemos todo el derecho del mundo a que no nos las apaguen, para que emitan otras de la Península, con otro acento.

Quiero seguir oyendo cuando me levanto por la mañana la voz fañosa del incisivo Pepe Moreno, en Radio El Día; la opinión sosegada del maestro César Fernández, en Radio Isla; el análisis político, siempre acertado, de Antonio Salazar, en Radio Milenium, y la mejor música canaria y latina de Javier Zerolo, en Mega Latina. El espectro radioeléctrico canario se ha quedado mudo. Que vuelvan a encender el dial y me devuelvan mis radios de siempre, que me las han robado.