Una treintena de alcaldes del PSOE, liderados por el de Vigo, Abel Caballero, ha elaborado un documento para su debate en el 38 congreso del partido en el que se aboga por establecer la presencia de regidores en la Ejecutiva, el Comité Federal y el Consejo Territorial, entre otros órganos de dirección.

"Socialismo, ciudad y sociedad. La ciudad global ante el 38 congreso federal del PSOE" es el título de ese documento, al que ha tenido acceso Efe, en el que los alcaldes abarcan asuntos como el municipalismo en el partido, la redefinición de las competencias o la posibilidad de agrupación de municipios.

Lamentan los alcaldes que un partido con vocación municipalista como el suyo haya visto cómo esta queda en mera retórica, bajo la supremacía del liderazgo autonómico.

Frente a ello, quieren que el PSOE potencie la presencia de lo local en el ámbito orgánico y haga posible la presencia de alcaldes en todos los órganos del partido, desde la Ejecutiva hasta el Comité Federal, pasando por las direcciones provinciales y regionales.

También confieren especial importancia a las elecciones primarias como método de elección preferente de los candidatos locales, al tiempo que defienden abrir el debate sobre las virtudes de las listas desbloqueadas.

Junto al de Vigo, los alcaldes de Toledo, Zaragoza, Soria, Lugo, Cuenca, Orense o Segovia, entre otros, apuestan por que el PSOE haga visible a escala local el impulso de profundización en la democracia que los ciudadanos están pidiendo, convencidos de que los ayuntamientos son "el ágora democrática por excelencia" y, por eso, tienen que ser "la punta de lanza" de esa renovación democrática que la calle, las urnas y sus propias convicciones exigen al partido.

Firman también este documento los alcaldes de Alcalá de Guadaira, Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Cornellá de Llobregat, Avilés, Langreo, Morella, Alaquás, Fuenlabrada, Parla, Villafranca de los Barros, Mislata, Eliana y Valdepeñas.

Aunque defienden el principio de "un cargo, un sueldo", dudan de fijar por norma las incompatibilidades -por ejemplo para ser alcalde y diputado nacional-, y prefieren que primen los criterios políticos, porque es "una paradoja" que sean incompatibles los que ganan elecciones y compatibles los que las pierden.

Cree este grupo que la Ley de las Haciendas Locales necesita de una "reforma radical" y hacen hincapié en la necesidad de una nueva ley de financiación municipal, ante la "asfixia económica" de los ayuntamientos por la crisis y la asunción de competencias impropias por "la vía de hecho".

Su propuesta es redefinir las competencias duplicadas y señalar cuál es la administración que debe prestarlas, porque el "hipercrecimiento" de las comunidades ha erosionado la situación de los municipios, sin recursos para satisfacer las crecientes demandas ciudadanas.

Una situación que, amparada por las tendencias nacionalistas en unos casos y por la aparición de categorías políticas y administrativas en las comunidades en otros, conduce a un desajuste entre las demandas de los ciudadanos que es preciso revisar.

Según estos alcaldes, esta situación se refleja en que las leyes que regulan el marco municipal no hayan sido actualizadas desde la década de los ochenta, así como en la ausencia de los municipios de los órganos del Estado e incluso de las estructuras orgánicas del PSOE.

También son partidarios de suprimir las diputaciones en las grandes ciudades y, en todo caso, limitarlas a un espacio de encuentro entre ayuntamientos.

A juicio de este grupo, la crisis económica ha puesto en duda el coste que significa el elevado número de ayuntamientos, por lo que, con independencia de la dificultad de la supresión de pequeños municipios, abogan por potenciar las agrupaciones supramunicipales, ya sea para la provisión mancomunada de servicios o para la constitución de áreas metropolitanas.

La autonomía política debe comportar una mayor posibilidad de intervención en la definición de la política fiscal, agrega el documento, en el que se aboga por aplazar a 10 años, con dos de carencia, el reintegro de los cobros de los anticipos de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) de 2008 y 2009.