Canarias, junto con Galicia, Andalucía y Cataluña, "que se lleva la palma" por sus recortes, es una de las comunidades autónomas suspendidas por la asociación del Defensor del Paciente por su asistencia sanitaria, según los datos que recoge su memoria correspondiente a 2011 que se dio a conocer ayer.
Así, revela que el año pasado hubo 13.010 casos por presuntas negligencias médico-sanitarias, tanto en la sanidad pública como en la privada, casi mil más (848) que en el año anterior.
La memoria recoge todas las quejas, reclamaciones, deficiencias y negligencias recibidas por teléfono, correo ordinario o internet, que no obstante deben considerarse como "presuntas" hasta que los tribunales se pronuncien.
"La sanidad española está en cuidados intensivos", según reconoció ayer la presidenta de esta asociación, Carmen Flores, quien achacó esta situación al "derroche" de los responsables políticos en materia de sanidad, que, a su juicio, "han gastado lo que han querido sin dar explicaciones de nada". De hecho, pidió que las competencias en materia de Sanidad volvieran al Ministerio ya que, a su juicio, las comunidades deberían dotar de más recursos y personal a sus servicios sanitarios pero "están arruinadas".
En cuanto al contenido de las reclamaciones recibidas, Flores aseguró que no sólo han aumentado las denuncias sino también la gravedad de las mismas.
Como en años anteriores, la principal característica de estos incidentes es el error de diagnóstico, sobre todo en los servicios de Urgencias. No obstante, en otros casos vienen provocados por intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias o retrasos en ambulancias.
En este sentido, han contabilizado 65 fallecimientos en los que, tras avisar al 112, o bien no se envió una ambulancia al domicilio para trasladar al enfermo a un hospital, o bien en esos casos la respuesta fue tardía.
Además, la memoria anual de esta asociación refleja que el año ha cerrado con unos 486.500 pacientes en lista de espera quirúrgica, con una demora media de 71,4 días para la intervención, lo que supone unos "máximos históricos" de los que responsabiliza "a todas las comunidades".