El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy varias medidas para la racionalización y distribución de personal y puestos de trabajo en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Este acuerdo contempla la realización de análisis detallados de las disponibilidades del personal y los puestos de trabajo y de las necesidades y las cargas de trabajo, ha informado el portavoz del Gobierno, Martín Marrero.

El objetivo de este acuerdo es localizar, en una primera fase, los servicios en los que puede existir necesidad de aumentar recursos humanos y aquellos en los que la carga de trabajo es inferior.

En una segunda fase, se estudiará la posibilidad de traspasar a empleados públicos de los servicios menos ocupados a aquellos que están más saturados en cada momento.

El proceso de racionalización de efectivos y de puestos de trabajo se realizará por fases.

El acuerdo aprobado contempla un primer estadio en el que se delimitan las áreas funcionales en las que se deben comenzar los estudios y análisis que conlleven a un mejor dimensionamiento y eficiencia de la estructura de recursos humanos.

Las primeras áreas objeto de análisis son las de Recursos Humanos (gestión de Personal y Nóminas) Registro; Mantenimiento, Conductores y Subalternos; Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías; Subvenciones y Aportaciones dinerarias: Contratación y Encomiendas de Gestión; Inspección, y Gestión de Ingresos Públicos.

El Gobierno de Canarias considera preciso iniciar los estudios en dichos departamentos al ser trasversales y prioritarios para el funcionamiento de la Administración.

Para efectuar este proceso se constituirán dos grupos de trabajo; uno de coordinación, presidido por la Viceconsejería de Administración Pública e integrado por altos cargos de las Consejerías de Presidencia, Justicia e Igualdad y de Economía y Hacienda, y otro técnico, formado por personal funcionario o laboral de todas las consejerías del Gobierno de Canarias con conocimiento específico en las áreas objeto de estudio.

El grupo de coordinación se constituirá en el plazo de los 15 días siguientes a la aprobación del acuerdo y posteriormente determinará el plazo de creación y la periodicidad de las reuniones del grupo técnico.

Finalizado el estudio de las ocho primeras áreas el Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, determinará las siguientes áreas funcionales objeto de análisis.

Los empleados públicos que sean objeto de una distribución recibirán la formación necesaria para el adecuado desempeño de sus tareas a través del Instituto Canario de Administración Pública.