CCOO de Canarias entiende que la destrucción del empleo público registrado en las Islas durante los últimos 12 meses deriva de la precariedad con que la Administración pública efectuó las contrataciones en la época en que creaba puestos de trabajos. Así lo entiende el director del Gabinete Técnico de Asuntos Económicos de ese sindicato, José Miguel González, que recuerda que en años pasados, las contrataciones se realizaron en gran medida a través de contratos temporales. Se trata de un modelo que "genera paro con la misma facilidad con que se crean puestos de trabajo", lamenta. Además, advierte, "ocurre ahora y ocurrirá más a futuro" que las administraciones no repongan las plazas que quedan vacantes a causa de la jubilación de su titular.

Por el contrario, el director de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Vicente Dorta, entiende que la actividad económica actual "no es la misma que había hace tres años", por lo que la carga de trabajo -tanto en las empresas como en la Administración- se ha reducido. Así, cree que la destrucción de empleo público obedece a un proceso de ajuste por el que las empresas privadas ya vienen transitando desde hace un tiempo.

"Esas no reposiciones por jubilación y las no renovaciones de los contratos significan que la Administración se está ajustando a una nueva realidad donde hay menos actividad y menos ingresos", insiste Dorta.

Pero José Miguel González advierte de que la no renovación de los contratos y la no reposición de las plazas vacantes conlleva el riesgo de afectar más a la sociedad en su conjunto porque, en definitiva, "se empobrece aún más la demanda y sus expectativas" al provocar que cada vez más personas dediquen un porcentaje cada vez menor al consumo.

Y en este sentido, califica como un "problema" el hecho de que el déficit sea visto como una causa de la crisis "cuando en realidad es una consecuencia". Por ello, insiste, el ajuste de las cuentas -tanto las públicas como privadas- no debe centrarse solo en el gasto, sino también en los ingresos. "Pero el Gobierno se incapacitó voluntariamente de una cantidad de ingresos", critica.

En cambio, Dorta cree que el sector empresarial ya hizo su ajuste a la nueva situación y el sector público "lo está haciendo y lo tiene que continuar haciendo".

Y es que la Administración tiene que servir de redistribuidor de los ingresos y dinamizador de la actividad económica. Si no lo consigue porque destina todos los recursos al mantenimiento de su estructura habrá un "empobrecimiento" del Archipiélago.

González destaca que el sector público tiene una "gran" influencia sobre la economía en general al ser uno de los "máximos" empleadores. "Como ni siquiera está incorporando una mejora en la conservación del empleo, da un mal ejemplo al ámbito privado". Por ello, cree que las administraciones deben dirigir sus políticas de empleo a las empresas y actividades que se lo merecen.

"Hay marcos fiscales ajustados casi para cada uno de los sectores y están justificados socialmente en que devuelvan el beneficio en forma de empleo. Si no es así, habrá que replantear esas actuaciones", advierte.