El control del déficit público es la prioridad del Gobierno, y por eso ayer decidió obligar a las autonomías a establecer un techo de gasto antes de aprobar sus presupuestos, además de asegurarse el cumplimiento de los objetivos de estabilidad a través de sanciones y medidas correctoras.

De este modo se avanzará hacia el objetivo de la reforma constitucional del pasado verano para que el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir de 2020 sea del 0,4%, y la deuda no supere el 60% del PIB.

Ayer el Consejo de Ministros estudió el Anteproyecto de la norma orgánica que desarrollará el contenido de dicha reforma, pactada por PP y PSOE y que se va a denominar Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas.

Pese a que estarán obligadas a aprobar un techo de gasto la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quiso dejar claro el respeto hacia la autonomía de las regiones al recordar que después cada cual decidirá cómo se distribuyen sus partidas presupuestarias.

Si durante la ejecución del presupuesto se incurre en alguna desviación, siempre que no sea resultado de una situación tan excepcional como una catástrofe natural, el anteproyecto prevé "mecanismos correctores" que actuarán de manera "cuasiautomática".

En caso de desviación del objetivo de estabilidad presupuestaria respecto a los límites establecidos el objetivo deberá contemplar, siguiendo la normativa comunitaria, una reducción mínima anual del 0,5% del PIB para el conjunto, que se distribuirá en función de la administración pública responsable.

Estabilidad

Todos los proyectos de presupuestos deberán acompañar la equivalencia en términos de deuda o superávit, recoger información sobre niveles de endeudamiento, inversiones de empresas públicas, datos de evolución de la deuda pública, avales otorgados, obligaciones no imputadas al presupuesto y compromisos de gasto derivados de operaciones de pago aplazados.

La norma busca la estabilidad presupuestaria en un horizonte permanente, explicó Sáenz de Santamaría, y es por ello que incorpora la palabra "sostenibilidad" a su enunciado, mientras que quiere adelantarse a los futuros requerimientos de gobernanza económica europea.

Preguntada por la posibilidad de que el Estado tenga que acudir al rescate de alguna comunidad autónoma, Sáenz de Santamaría señaló que el Gobierno trabajará por la "solvencia" del país y porque todas las autonomías "puedan cumplir sus compromisos y sus responsabilidades".

En lo que se refiere a la fijación del objetivo de deuda pública se tendrá en cuenta el volumen alcanzado en el ejercicio anterior. Si se exceden los límites establecidos, se deberá garantizar una senda de reducción, siguiendo la normativa comunitaria, de al menos una veinteava parte anual de la desviación. Además, en función de los baremos de gravedad o reincidencia que establezca el Ejecutivo se definirán las correspondientes sanciones, aún por determinar.

"Ante la UE se responde como un solo país. Por eso la Ley va a regular en un texto único la estabilidad y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones públicas", aseguró la portavoz.