Aunque las navieras que operan en Canarias hayan comprometido por escrito su interés por operar con el puerto de Tazacorte, según certificó el Gobierno de Canarias ante la Comisión Europea para garantizarle que el muelle bagañete tendrá actividad comercial, lo cierto es que se ha demostrado sobre el terreno que una ruta de transporte de mercancías o pasajeros hasta el Valle de Aridane es inviable si los empresarios de la comarca Oeste no la reclaman.

Lo dice Gregorio Guadalupe, el que fuera viceconsejero de Infraestructuras del Ejecutivo canario cuando se adjudicó, en 2006, el segundo proyecto de ampliación del puerto, como participante activo del proceso realizado en el concurso de obras. Según afirma ahora, ya en la "reserva" política, "la actividad del puerto de Tazacorte no depende ni de las navieras ni del Gobierno. No se puede obligar a los barcos a entrar en ese muelle".

Guadalupe cree que son los empresarios de la Isla los que deben garantizar la actividad comercial del puerto o, lo que es lo mismo, la carga que necesitan los barcos. En ese sentido, entiende que "solo el Valle de Aridane ya tiene potencial suficiente para garantizar esa mercancía, a fin de que el dique comercial tenga utilidad y un volumen de transporte adecuado. Es cuestión de unir pequeñas cargas, productos con destino a otras islas". Ese es el camino para que a la larga el puerto funcione. Al respecto considera que "el empuje de la administración pública no es suficiente, si detrás no está la iniciativa privada".

Para Gregorio Guadalupe, "lo curioso es que el proceso sea tan lento y no se haya producido antes, porque esta apuesta de inversión pública no se hizo sobre elucubraciones".

Hay que tener en cuenta que la futura actividad comercial del puerto es vital para justificar la inversión de fondos de la UE, una vez que la Comisión Europea exigió eliminar la segunda ampliación del puerto deportivo que se había previsto en el proyecto que se estaba ejecutando, por ser incompatible con el uso de su financiación.

Precisamente, esa inversión pública (53 millones de euros), con el 50% de fondos europeos, es defendida por el exviceconsejero: "Existían informes y estudios claros al respecto. Otra cosa es garantizar la ocupación del barco". Así, aseguró que "los estudios de la Consejería de Hacienda y la de Obras Públicas decían que el puerto tenía posibilidades de autofinanciarse. Incluso se pensó en sacarlo a concurso para que se ejecutara con inversión privada a cambio de negocio en la actividad comercial y deportiva del puerto".

Sin embargo, fue Hacienda la que decidió ejecutar las obras con inversión pública. Ocurrió, según Gregorio Guadalupe, "porque el Gobierno de Canarias no tenía proyectos en ese momento para gastar los fondos dedicados por la UE para puertos. Solo estaba el de Tazacorte. No había otro sitio donde colocarlos". En cualquier caso, "el proyecto del puerto cuenta con el uso comercial que requiere la inversión europea. La zona deportiva solo pretendía sacarle rentabilidad comercial a la instalación portuaria y, ni mucho menos, se pensaba que plantearía problemas. Creímos que estaba justificado".

En cuanto a las inspecciones periódicas, las considera "normales en toda las obras financiadas por la UE. Una vez detectado el posible error, se toman las medidas para incluir las sugerencias de la Comisión Europea, adaptando el proyecto a su satisfacción".