El Gobierno regional no se opondrá a la fórmula adoptada por el Ejecutivo central para atajar el déficit en las comunidades: que cada Parlamento regional fije, por ley, el límite de gasto en que puede incurrir el presupuesto autonómico antes de aprobar sus cuentas. Pero si por una parte la Administración canaria tiene clara la necesidad de mantener controlados los gastos, por otra admite que su respaldo definitivo dependerá de cómo vaya a funcionar en la práctica el reparto de fondos según ese esquema, por lo que condiciona el sí que, en principio, está dispuesto a dar hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a la forma en que funcione el mecanismo.

La postura del Gobierno canario se mantiene en línea con las declaraciones efectuadas las semanas anteriores sobre las propuestas formuladas desde el Ministerio de Hacienda, que llegaron a hablar de un control previo de los presupuestos autonómicos. Fue el propio consejero del área, Javier González Ortiz, el que apuntó que tal solución atenta contra la autonomía de las comunidades, por lo que, en caso de materializarse, contaría con la oposición frontal del Archipiélago. Y también apuntó que, en todo caso, las autonomías ya cuentan con un techo de gasto que, para este año, es el 1,3% del PIB aprobado por el propio CPFF.

Cabe recordar que el jueves pasado el Consejo de Ministros analizó el anteproyecto de lo que será la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas -pactada con el PSOE-, por lo que entonces acordó imponer a las autonomías la aprobación de una ley en cada comunidad que establezca el límite superior para gastar y endeudarse como paso previo a la aprobación de las cuentas del ejercicio siguiente.

Aunque aún se desconoce en detalle cómo operará el sistema, el equipo que lidera Mariano Rajoy ya adelantó que contará con sanciones para las autonomías que incumplan con el objetivo de déficit autoimpuesto de esa manera -y cuyo tope siempre estará sujeto al visto bueno del Estado- y también con medidas correctoras, en caso de necesitar un cambio de pauta en el gasto regional.

Y es que la preocupación fundamental de Rajoy desde antes de asumir el cargo de presidente del Gobierno es controlar el déficit en las autonomías, al que achaca la mayor parte de los 20.000 millones de euros que, según el Gobierno central, excede el déficit español del objetivo para 2011.

Al margen de las preocupaciones de la Administración central, Canarias viene demandando un trato "diferenciado" en lo que a la deuda se refiere porque, según el propio Ejecutivo autonómico y por contraste a otras comunidades como Madrid o Valencia, las Islas tienen el déficit bajo control.

La delegación canaria que ayer se trasladó a Madrid para asistir al CPFF, encabezada por González Ortiz y en la que también están el viceconsejero de Hacienda y Planificación, Jesús Velayos, además de técnicos de ese departamento, planteará el respaldo, en principio, del Ejecutivo canario "al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria" al entender que así queda "garantizada la sostenibilidad de las cuentas públicas y, por tanto, la continuidad en la prestación de los servicios públicos esenciales", explica en una nota.

"A pesar de tener uno de los menores ratios de inversión estatal per cápita del total de las comunidades autónomas, Canarias es la que presenta una menor deuda por habitante", añade Ortiz, ya que la deuda per cápita de las Islas es de 1.609 euros por habitante frente a los 2.866 de media para el conjunto de las comunidades autónomas.