El president de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha anunciado hoy que la Generalitat recibirá del Gobierno central un anticipo de 420 millones de euros a finales de este mes para pagar a proveedores, y ha defendido que las medidas de ajuste de personal se anularán en cuanto haya datos positivos.

Fabra ha hecho estas afirmaciones en el pleno extraordinario de Les Corts, donde se ha convalidado -con los votos a favor del PP y en contra de la oposición- el decreto ley de medidas urgentes contra el déficit público, que prevé ahorrar 1.057 millones de euros con subida de impuestos, contención del gasto sanitario o reducción de la jornada y el sueldo del personal interino de la Generalitat.

También se ha convalidado con los mismos votos, y se tramitará como proyecto de ley, el decreto de apoyo a los emprendedores, que elimina trabas y tasas administrativas para poner en marcha un negocio y permite a los proveedores compensar deudas con la Generalitat.

El president ha asegurado que esos dos decreto se resumen en dos palabras, "responsabilidad y apuesta de futuro", y ha defendido que el Gobierno va a adelantar dinero "a todas las Comunidades autónomas" porque todas tienen problemas de tesorería, aunque ahora el Ejecutivo del PP es "sensible" con las Administraciones autonómicas y locales.

Respecto a las medidas de ahorro en gastos de personal, ha asegurado que no quieren hacer despidos, y por ello se va a reducir la jornada laboral de todos los interinos, para mantenerlos a todos y no despedir a "unos cuantos", y ha señalado que estas medidas se anularán en cuanto los indicadores empiecen a dar datos positivos.

Además, ha destacado que estas medidas afectan a los complementos de los funcionarios durante dos años, y no a su base de cotización "para siempre", como hizo Zapatero, y que también se aplicarán por igual a las personas que trabajan en el sector público.

Fabra ha insistido en la necesidad, que así le planteará al Gobierno central, de un modelo de financiación autonómica que sitúe a la Comunitat en la media, ya que ha dejado de percibir 11.700 millones de euros en estos años, y ha negado que el Ejecutivo central pagara el vencimiento de deuda de 121 millones del pasado diciembre.

También ha asegurado que habrá un calendario de pagos a proveedores y que las medidas anunciadas pero no reflejadas en el decreto se van a aplicar; ha considerado que es una "irresponsabilidad" no darse cuenta de que esta sociedad "vivía por encima de sus posibilidades", y ha reivindicado la legitimidad que las urnas han otorgado al PP para aplicar estas medidas.

El portavoz socialista, Jorge Alarte, ha lamentado que la Comunidad Valenciana sea referencia de "la corrupción y de la quiebra", y que se haga pagar a los ciudadanos una política de "despilfarro" que ha llevado a que la Comunitat acabe este año con un déficit de 3.078 millones de euros, el 11% del total autonómico.

El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha lamentado que se eche "mano a la cartera" de funcionarios e interinos pero no a los "enchufados" del sector público, y ha dicho que el Consell está "intervenido" y que esta tierra ha dejado de ser "la de las flores", en alusión a la letra del himno valenciano, para ser la de "la corrupción".

Esquerra Unida ha lamentado que el "decretazo" de los recortes al sector público vaya acompañado por un "decretito" de los emprendedores que no aporta novedades, y no de una carta de dimisión del conseller de Hacienda, José Manuel Vela.