El juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Los Llanos de Aridane instruye una nueva causa (diligencias previas 578/2010) abierta para investigar las obras interiores del puerto de Tazacorte, en la dársena deportiva y pesquera, concretamente los trabajos vinculados al proyecto adjudicado a la empresa Satocan mediante concurso de explotación resuelto por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias en abril de 2007.

Mediante una providencia emitida con fecha de 13 de enero, la jueza Concepción María Rivero Rodríguez ha solicitado "a la Dirección General de Puertos de la Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación del Gobierno de Canarias y la entidad pública de Puertos Canarios que informe de si las obras que realiza Satocan se adecuan al plan de puertos e instalaciones portuarias (según dispone el artículo 15.2 de la Ley de Puertos de Canarias) y si esas obras están o no sujetas a control preventivo municipal por parte de las autoridades del Ayuntamiento bagañete". Al respecto, la jueza pregunta si esos trabajos "requieren o no de licencia municipal", de la que carece.

Según consta en esa notificación judicial, existe un informe que ha emitido la Policía Judicial, incluido ya en la instrucción, sobre las obras que se han estado ejecutando en la zona interior del puerto de Tazacorte (dársena deportiva y pesquera). Ese informe recoge las conclusiones de una investigación realizada por los agentes adscritos a la Comandancia Provincial de la Guardia Civil. Unas conclusiones que, por el momento, no han trascendido.

La actuación del juzgado surge a raíz de la denuncia presentada por un particular (vinculado a la entidad Inversiones Insulares Cock), presuntamente el mismo empresario que denunció también las obras de ampliación del puerto comercial, también en ejecución, ante la Unión Europea por supuesto mal uso de los fondos destinados a la inversión, lo que ha motivado una actuación de la Comisión Europea para que se modifique el proyecto planteado inicialmente, en el que se recogía de forma irregular la ampliación del puerto deportivo, que pasaría a manos privadas de Satocan.

Disputa política

La ausencia de licencia en las obras de la dársena deportiva y pesquera de El Puerto, realizadas por la empresa concesionaria del concurso realizado por Obras Públicas con la correspondiente autorización para explotar un dominio público, motivaron hace más de un año varias acusaciones políticas lanzadas desde la oposición, por entonces, del Partido Socialista.

El PSC recordó que "el PGO del municipio obliga a la redacción de un Plan Especial para ordenar el sistema general de la infraestructura portuaria que ni el Ayuntamiento de Tazacorte ni la Consejería realizaron".

La hoy alcaldesa, Carmen Acosta, aseguró en varios comunicados que se trataba de "un escándalo y una temeridad", calificándola como "actuación realizada al margen de la legalidad, pese a las reiteradas denuncias presentadas" por su partido.

Por su parte, el que fuera consejero de Obras Públicas, Juan Ramón Hernández, defendió públicamente la actuación que se ejecutaba afirmando que estaba "avalada por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias".