Los nueve trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) en la Sociedad de Viviendas del Ayuntamiento de Santa Cruz anunciaron ayer que presentarán un recurso de alzada contra una decisión que ya se ha ejecutado en seis casos, quedando pendientes dos rescisiones de contrato próximas y la reducción del 50% en un tercero. Los empleados esgrimirán en su apelación ante la justicia que no fueron informados ni previa ni posteriormente del acuerdo firmado entre la compañía, la representante de los trabajadores y un asesor de Intersindical Canaria, documento que permitió que la Dirección General de Trabajo resolviera de forma favorable el ERE.
Los nueve afectados cuentan con el apoyo de todos los grupos de la oposición, según se le trasladó en la jornada de ayer. De hecho, en la comisión de control al gobierno de hoy, el PP planteará que se suspenda esta decisión hasta que se aborde la reestructuración del ayuntamiento.
Los trabajadores recuerdan que el actual alcalde, José Manuel Bermúdez, aseguró al comienzo del mandato que su objetivo pasaba por reforzar los servicios y áreas sociales, meta que choca con esta decisión. Los empleados confían en que los tribunales les den la razón por cómo se ha producido el proceso, principalmente por su desconocimiento de la firma de un acuerdo.
El gobierno local defiende el ERE por la situación económica de esta empresa municipal, sobre todo por la reducción de actividad de la construcción en los últimos años por la crisis.