El Gobierno anunció ayer que impulsará un cambio legislativo para que se puedan exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que incumplan los presupuestos, una propuesta sobre la que el PSOE dijo que mientras no haya delito deben dirimirse las culpabilidades en el Parlamento.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, avanzó esta iniciativa, que se articularía en la ley de Transparencia, con el objetivo de que haya rigor en la gestión de los gobiernos.

Montoro especificó que afectaría a los gestores públicos, políticos o no, y añadió que la comunidad autónoma o ayuntamiento que no cumpla puede quedar inhabilitada durante algún tiempo.

Según el Ejecutivo, se trata de trasladar las sanciones vigentes en Europa al sistema institucional español, lo que implica en una primera fase un castigo económico en función de la reincidencia y la gravedad y en una segunda la citada inhabilitación.

El PP, a través de su portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, precisó que los castigos por mala gestión se aplicarán a los políticos que asuman gastos que no estén incluidos en la respectiva ley presupuestaria. Recordó que esta medida estaba incluida en su programa electoral y que busca erradicar las facturas por una serie de inversiones que no encuentran justificación en las cuentas correspondientes.

Sobre esta cuestión, el presidente del PSOE, Manuel Chaves, recordó que, en un estado de derecho como el español, los servidores públicos que cometen un delito ya están sometidos a las leyes, en tanto que las culpabilidades políticas se tienen que dirimir en el Parlamento.

El criterio de Chaves es que excederse en el gasto, si eso implica la comisión de un delito, ya está penado por las normas, pero, si no es un delito, se reduce a una culpabilidad política.

Los socialistas emplazaron al Gobierno a explicar seriamente el alcance de esta figura penal y si se va a hacer con carácter retroactivo.

Varias autonomías gobernadas por el PP mostraron su apoyo a esta iniciativa e, incluso, el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, consideró que el ministro se quedó "corto". Para Monago, estas sanciones penales deberían ser "retroactivas, ya que, al igual que ocurre con la deuda, no debe haber prescripciones".