El secretario general de Transportes de UGT, Miguel Ángel Cilleros, ha indicado hoy que, si no hay acuerdo entre patronal y sindicatos sobre la reforma laboral, el Gobierno la regulará no por decreto, sino mediante un proyecto de ley que se endurecerá en el tramite parlamentario una vez pasadas las elecciones en Andalucía.
Cilleros, que se reúne esta mañana en Pamplona con la ejecutiva regional de transportes de UGT, ha comentado en conferencia de prensa que el acuerdo no es fácil, pero los sindicatos serán "los últimos en levantarse de la mesa".
Ha negado así que no quieran un acuerdo y de hecho ha recordado que tanto patronal como sindicatos han remitido ya al Gobierno sendos documentos sobre el estado en que se encuentra la negociación.
Al respecto ha destacado que hay "roces importantes" donde entiende que la patronal "quiere aprovechar la crisis para solucionar los males estructurales empresariales, como el despedido o la suspensión de la ultra actividad de los convenios.
Por el contrario, "hay acuerdo" en el arbitraje, la formación para el empleo, el absentismo y las mutuas, la racionalización de los festivos, las jubilaciones anticipadas y las prejubilaciones; y hay "disposición a negociar" salarios, flexibilidad y la estructura de la negociación colectiva para "crear empleo y mejorar la competitividad".
Cilleros ha señalado que la competitividad de España pasa por un nuevo modelo económico y UGT ve con "preocupación" que se pueda dejar de invertir en nuevas tecnologías e infraestructuras sostenibles, necesarias para la cohesión y vertebración territorial, y con "intranquilidad" que se pueda "quebrara el estado de bienestar" como consecuencia de los recortes, que también incidirán a su juicio de forma negativa en el empleo.
Además ha cuestionado la paralización de obras y ha reclamado un tren de alta velocidad para viajeros y mercancías, y una gestión en red de los aeropuertos desde la premisa de que no sólo importa la rentabilidad económica sino también la social.
"Somos conscientes de la realidad y las necesidades, pero también de que este país tiene que avanzar", ha afirmado, y ha advertido de que traerá "una ralentización todavía mayor" en muchas materias el establecimiento de responsabilidades penales para los gestores públicos que incumplan los presupuestos.