La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha subrayado que las medidas anunciadas por el Gobierno español para aliviar las tensiones de liquidez a las que se enfrentan las comunidades autónomas son "positivas para ellas", aunque ha solicitado información "más detallada" sobre los planes de implementación antes de hacer una "evaluación completa".

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció tras el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el Gobierno impondrá sanciones a las comunidades que no cumplan los objetivos de déficit, así como la creación de una línea ICO para que las CC.AA. puedan hacer frente a las deudas con los proveedores.

La agencia destaca que controlar el gasto regional sigue siendo "fundamental" para que las autonomías cumplan sus objetivos de déficit, pero incide en que también son necesarias reformas estructurales para lograr la sostenibilidad financiera en el medio plazo. "Esta requerirá una esfuerzo coordinado entre el Gobierno central y las regiones", añade.

En este sentido, reconoce que las medidas que han adoptado recientemente son positivas, pero es demasiado pronto para evaluar su impacto, y existen además riesgos en su implementación. Además, insiste en que siguen siendo necesarias reformas estructurales en sanidad y educación para lograr "sustanciales ahorros".

Fitch destaca que la nueva legislación dará previsiblemente al Gobierno central un control "más efectivo" sobre las finanzas de las regiones superior al que supone el actual veto a las emisiones de deuda a largo plazo, lo que puede debilitar el perfil de deuda de las CC.AA. al hacerlas demasiado dependientes de la financiación en el corto plazo.

Asimismo, cree que la victoria del Partido Popular en las elecciones generales del 20 de noviembre facilitará el trabajo conjunto entre administraciones, ya que el PP gobierna la mayoría de las comunidades, y permitirá al Ejecutivo de Mariano Rajoy adoptar un papel de liderazgo en las reformas estructurales de las autonomías.

La agencia recuerda que la incapacidad de las CC.AA para reducir su déficit es la principal razón por la que el déficit público se desvió previsiblemente hasta el 8% en 2011, frente al objetivo del 6%, y aumenta las dudas de que se puedan alcanzar los de 2012 y 2013.

"Considerando que las reformas estructurales aún no han sido aprobadas y el crecimiento operativo de los ingresos a nivel regional ha sido relativamente plano, el objetivo de déficit del 1,3% del PIB sigue siendo ambicioso", remarcó la agencia, que actualmente mantiene en revisión las notas de Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y Cataluña, así como el rating ''AA-'' de España.

Fitch apunta que aportar liquidez a las regiones podría incrementar las necesidades de financiación del Gobierno central, pero cree que, dado que el sector subnacional representa un tercio del gasto total del Estado, esta medida es "más importante" a la hora de evaluar el rating de España y considera que la deuda del Gobierno no debería verse afectada.