Gipuzkoa, con 121 de las 1.300 actuaciones incoadas en España por presuntos robos de bebés, es la provincia en la que se han iniciado un mayor número de actuaciones judiciales, aunque hasta el momento nueve de ellas ya han sido archivadas por la ausencia de indicios de delito.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, en Gipuzkoa existe además un caso cuyo archivo por un juzgado de Tolosa ha sido recurrido y se encuentra pendiente de la práctica de una prueba de ADN.

La Fiscalía de este territorio se ha inhibido en favor de la de Salamanca en otra denuncia, tras constatar que el bebé supuestamente robado en este caso había nacido en esta provincia castellanoleonesa.

Además de los 121 casos que se han incoado en Gipuzkoa, los juzgados del País Vasco investigan otros 50 en Bizkaia y 31 más en Álava.

Las tres exhumaciones practicadas en los últimos días en San Sebastián, Itsasondo y Bilbao, que han revelado la ausencia de restos humanos en unos enterramientos en los que se suponía que debían haber reposado los cadáveres de tres bebés muertos al poco de nacer, han dado un impulso mediático a estos casos en el País Vasco, donde la asociación SOS-Bebés Robados ha recabado el apoyo de numerosas instituciones, especialmente en Gipuzkoa.

En este sentido, la asociación SOS-Bebés Robados desveló recientemente que la jueza decana de San Sebastián manifestó a sus representantes que iba a poner "todo su empeño" para que se localicen los legajos de aborto que desaparecieron en el traslado del Registro Civil que tuvo lugar en 2001.

Asimismo, la Fiscalía y los distintos juzgados de instrucción mantienen el impulso investigador de estos casos, dentro de las limitaciones que, como el paso del tiempo, complican las investigaciones.

Unas pesquisas que ya han puesto de manifiesto que no todas las exhumaciones en las que no se localicen restos mortales implican necesariamente el robo de un bebé, pues según las citadas fuentes, se conocen casos como el de un cadáver que fue incinerado en un centro médico en los años 80 sin el permiso de los padres, aunque no existe duda alguna de que la muerte del pequeño se produjo.

Las actuaciones han sacado asimismo a la luz el peculiar caso de una persona adulta sobre la que existen importantes inicios de que podría haber sido sustraído a sus verdaderos padres cuando era bebé pero que, en la actualidad tiene su vida hecha y no consiente en hacerse una prueba de ADN, lo que ha obligado a abandonar el procedimiento judicial, ya que no se puede obligar a nadie a hacerse estos test en contra de su voluntad.