La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado que un grupo de trabajo integrado por los ministerios de Presidencia, Economía, Hacienda, Fomento y Sanidad presentará al Consejo de Ministros en un plazo "muy breve" una propuesta para simplificar "al máximo" el número de organismos reguladores.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha señalado que el principal cometido de esta "reforma integral" será lograr unos organismos reguladores más "austeros, neutrales y eficaces".

A modo de ejemplo, Sáenz de Santamaría ha planteado que si finalmente no se crea el Consejo de Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), se ahorrarán 7 millones de euros, según el presupuesto previsto por el anterior Gobierno para 2012.

Éste es sólo uno de los organismos que estarían en el puntero del Gobierno. Así, la vicepresidenta primera del Gobierno recordó que la Ley de Economía Sostenible contemplaba sólo cuatro órganos reguladores: La Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional del Sector Postal.

Más tarde, ha recordado, el Gobierno anunció la creación de nuevos organismos como el mencionado CEMA o al Comisión Nacional del Juego, dando lugar a una "proliferación" de estructuras y a un "solapamiento" de tareas.

MÁS PROFESIONALIDAD.

"Plantearemos una estructura muy austera que incidirá en la profesionalidad, la independencia y la neutralidad de sus miembros", señaló, para concretar que la intención del Gobierno es que estos organismos se nutran de "personas con un trayectoria profesional debidamente contrastada".

Además, la vicepresidenta primera del Gobierno ha precisado que el Gobierno pondrá el acento en la "compatibilidad" de los cargos dentro de los reguladores y buscará una "mayor intervención" por parte del Parlamento en la designación de sus miembros.

Según ha añadido, esta reforma persigue no sólo una mejor asignación del gasto, sino también recuperar la "confianza", cumplir los objetivos que la UE "impone" y mejorar su funcionamiento en mercados que actualmente exigen mayor transparencia.