El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pidió ayer a la Junta de Andalucía que "ponga la casa en orden" respecto a su estado financiero y que "no saque pecho" ni "levante la voz" porque hay proveedores con los que mantiene una deuda desde hace años.
En la clausura del foro del PP-A denominado "Una administración austera, eficiente y moderna", Montoro dijo: "La Junta de Andalucía y sus responsables no deberían estar diciendo lo que, en definitiva, están tratando de evitar si tuvieran la casa en orden".
El ministro insistió en que, para la Junta, es necesario "poner la casa en orden", ser transparente en las cuentas "y no levantar la voz cuando lo que tienes es una lista de proveedores, que lo sabe todo el mundo, sin pagar" y desde hace años.
Tras las declaraciones del viernes de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en las que mostraba su preocupación por la hipotética suspensión de pagos por parte de la Junta de Andalucía, el presidente autonómico las tildó de "mentira" y la atribuyó a intereses electorales del PP.
La Consejería de Hacienda emitió ayer un comunicado en el que asegura que la Junta materializa "puntualmente el pago del servicio de la deuda a vencimiento" y garantiza sus compromisos futuros, además de pedir al Gobierno central "lealtad y rigor" en sus apreciaciones sobre la solvencia de las cuentas públicas.
En el acto de ayer, Montoro dijo que la política es "reconocer la verdad", antes de instar a la Junta a que "no saque pecho de lo que no puede sacar".
Después de ese reconocimiento, la Junta y el Gobierno podrán trabajar juntos para "clarificar las cosas" y hacer frente a los impagos, labor en la que dijo que Andalucía contará con la "lealtad" del Ejecutivo español.
Montoro recordó que detrás de los aplazamientos a proveedores hay un tejido empresarial que ahora no puede refinanciar esa deuda con créditos bancarios, lo que "está ahogando a la economía de nuestro país".
Además, el ministro agregó que se debe evitar la "maraña administrativa" creada para "huir del derecho administrativo" y de los controles presupuestarios.
Por ello, reiteró que la Ley General de Estabilidad Presupuestaria introduce nuevas exigencias y compromisos para todas las administraciones, que impedirán, entre otros objetivos, "falsear" las cuentas y "arruinar" a las pymes, y también permitirán acercar la administración al ciudadano.