El PP de Santa Cruz sigue con su campaña persuasiva y de difusión de la relevancia de que se apruebe cuanto antes el PGO local. A las reuniones que organiza en diversos enclaves y con distintas entidades en busca de apoyo y para explicar su insistente postura se unen llamamientos como el que hace su portavoz, Cristina Tavío, al PSOE local, al que invita a llevar a pleno en el menor plazo posible el documento a cambio de ofrecerle su apoyo a la suspensión de los "ámbitos, espacios o aspectos sobre los que hayan surgido nuevas dudas", tanto del alcalde como de su equipo de gobierno.

Tavío recalca que están dispuestos a respaldar "cualquier cambio posterior que mejore el desarrollo urbanístico". Según señala en declaraciones a EL DÍA, "los cambios futuros no son obstáculo para culminar el actual proceso. Muy al contrario, en ningún caso podrían introducirse en esta fase final del procedimiento administrativo en la Cotmac".

En referencia al papel del PSOE, los populares creen que su "participación y compromiso del PSC en la gestión de gobierno municipal deben suponer una garantía añadida para acometer este proceso de revisión del planeamiento con mayor consenso, y nunca un obstáculo para el mismo".

El PP aclara que "este ofrecimiento de diálogo incluye al resto de formaciones minoritarias del grupo mixto", al tiempo que insiste en que, si bien el PGO elaborado "no es el nuestro, sino el de CC, seguimos defendiendo su aprobación porque, cuanto antes entre en vigor, antes podremos consensuar los cambios necesarios para su posterior desarrollo entre todas las fuerzas políticas, agentes sociales y ciudadanos".

Tavío recuerda que el PGO pendiente de aprobación definitiva tiene ahora 22 sectores de suelo urbanizable sectorizado, "en los que se han paralizado importantes inversiones y cuyo desarrollo supondría la obtención de dotaciones para el municipio, el 10% del aprovechamiento para el consistorio, valor en suelo o en metálico cuya gestión depende de la entrada en vigor del PGO".

Asimismo, alude a las 15 actuaciones de renovación parcial y de dotación en ámbitos de suelo urbano consolidado que están "paralizadas" y cuyo desarrollo "supone la consecución para el ayuntamiento de suelo para dotaciones, espacios libres y viviendas protegidas" que también quedan a expensas de dicha aprobación. En una línea similar, se refiere al "casi centenar de unidades en suelo urbano no consolidado cuyo desbloqueo tendría las mismas condiciones que el suelo urbanizable".

En coherencia con los argumentos de la edil del PP y especialista en Urbanismo Ana Zurita, la portavoz recalca que el PGO "solo contempla la ordenación de tres de los sectores de suelo urbanizable": el parque tecnológico, cuya ordenación desarrolló Gestur; el residencial El Tablero, que correspondió a Viviendas Municipales, y Lomo Lizcano, con plan parcial de una promotora privada.

"El resto -insiste frente a las tesis del edil de Urbanismo-, está sin ordenar y ni siquiera se dibujan en el documento en trámite, que solo les atribuye una edificabilidad máxima y deberán desarrollarse posteriormente mediante la figura de los planes parciales, cuya tramitación no podrá iniciarse hasta la aprobación del PGO".

Como hasta ahora, el PP sostiene que no desarrollar estos sectores "supone un grave perjuicio para el interés general, pues están bloqueados unos 250.000 metros cuadrados construidos que pasarían a incrementar el patrimonio municipal de suelo en concepto del 10% de aprovechamiento de cesión obligatoria o su monetarización". También existe la "obligatoriedad de ejecutar 600.000 metros construidos de Vivienda Protegida, así como obtener de cada sector espacios libres y dotaciones para equipamientos públicos en los barrios".

El PP no entiende la estrategia del alcalde y del PSC para seguir con la paralización y recuerdan que se esgrimen cambios en diversas áreas que, sin embargo, son espacios "cuya ordenación ya ha suprimido la Cotmac en junio de 2011". En este sentido, asegura que, en el caso de Las Teresitas, "se deja una mancha sin ordenar y se da instrucción de desarrollar a posteriori mediante un plan especial, teniendo en cuenta la sentencia en firme del Supremo de mayo de 2007, que anula el contrato de compraventa del frente de playa".

También aluden a Montaña Fumero, "que se deja sin ordenar y se da la misma instrucción, con una edificabilidad tope inferior a la que tiene en el PGO vigente y no se les reconoce derechos adquiridos, en contra de lo dicho por el gobierno local. Asimismo, resaltan que esto se repite en el caso de Costa Cardón y sostienen que la zona de actividades logísticas se deja sin ordenar y se remite a un plan parcial posterior.

Sobre Ifara, afirman que el PGO lo mantiene como suelo urbano y que solo hay "indicaciones a las que se acogerán las pocas parcelas que quedan libres", mientras que, sobre Las Huertas, señala que "no es un problema del PGO".

otros asuntos

Eliminar los seis guardaespaldas

Más allá del omnipresente PGO en su discurso diario, los concejales del PP en Santa Cruz también plantearán preguntas en el pleno del próximo viernes para cuestionar algunas decisiones del gobierno que contradicen su lema de austeridad y ahorro. Entre ellas, destaca la que hará el edil Alexis Oliva sobre por qué se ha decidido mantener los seis guardaespaldas del alcalde, lo que, según sus cálculos, "costará en el mandato en torno a un millón, ya que cobran un total de 240.000 euros al año, sin incluir extras y otros conceptos". El PP considera que esto no liga bien con los planteamientos mantenidos por el gobierno y pide al alcalde que renuncie a esta seguridad, entre otras cosas porque no la tiene ni el primer teniente de alcalde ni ningún otro concejal. Además, cree que la situación chirría si se atiende a los conflictos y problemas surgidos con la Policía Local en situaciones como la cabalgata de Reyes y las críticas a algunos recortes o decisiones en el departamento que dirige Carmen Delia González.

La clave del "fuera de ordenación"

Frente a los argumentos del gobierno local y de entidades como la Plataforma Vecinal en Contra del PGO, el PP mantiene que la elaboración del catálogo del "fuera de ordenación" no implica nada para resolver esta situación, que afecta a unos 80.000 vecinos o más. Tavío aclara que el Consejo Consultivo ha derribado la propuesta de CC, impulsada por Ignacio González (CCN), para intentar solucionar este conflicto y reitera que "la única forma pasa por la propuesta que presentó su partido en el Parlamento regional para modificar el artículo 34 de las Leyes de Ordenación del Territorio". En este sentido, recuerda que Las Palmas aprobó su PGO antes de que entrara en vigor este artículo y, por eso, lleva "una gran ventaja respecto a Santa Cruz". La propuesta del PP incluye un nuevo apartado en ese artículo "para no aplicar en los municipios capitales de Isla y en los que superen los 100.000 habitantes lo relativo a zonas, áreas o ámbitos cuyo suelo ya estuviera consolidado por la edificación con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. En las zonas (...) urbanas de esos municipios que ya estuvieran consolidadas por la edificación, la densidad y edificabilidad global máxima permitida serán la densidad y edificabilidad neta real ya existente y alcanzada conforme al plan vigente en el momento de su construcción".