El número de interesados en conocer los detalles de la futura reforma que el Partido Popular (PP) quiere hacer con la Ley de Costas crece según pasan los días como consecuencia de la parquedad mostrada por el Gobierno español y en concreto de su ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en un encuentro con los medios de comunicación hace algunos días.
Las declaraciones de Arias Cañete fueron tan escuetas que han originado toda una ola de reacciones. En esa intervención hizo referencia a que la futura reforma pretendía "poner en valor" el litoral y "dar seguridad jurídica". El ministerio está trabajando en alargar las concesiones otorgadas y autorizar nuevos usos en primera línea de mar.
Así, lo que unos entienden es una apertura de la veda para actuar en la costa canaria, repitiendo los mismos errores de antaño, para otros es la llave de la puerta que podría albergar la solución a muchos de sus problemas. Es ahí donde entran los que se posicionan a favor de la ley y, por ende, del desarrollo económico del Archipiélago.
Entre los más críticos se encuentra un viejo conocido del Gobierno de Canarias, no en vano formó parte de él durante un largo período como primer director de la Agencia Canaria del Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible, Faustino García Márquez. Como experto conocedor de la geografía canaria y sus singularidades, este arquitecto urbanista manifestó a EL DÍA: "Llevamos 24 años con la Ley de Costas en vigor y se trata de una de las leyes más protectoras del medio ambiente y del patrimonio común de los ciudadanos que se han aprobado en este país". Por lo tanto, modificarla y "hacerlo en la dirección en que quiere hacerlo el Ejecutivo, va a ser un error y una tragedia", lamentó.
Para García, "poner en valor" el litoral, como dijo el ministro, apunta a que se quiere hacer dos cosas: "Por un lado, impulsar la construcción y por otro, resolver la situación de propietarios extranjeros, pero sobre todo de la Unión Europea, que compraron en Valencia y en menor medida en Andalucía, que están afectados por las servidumbres o por el dominio público litoral y que han estado peleando sin éxito, por supuesto, en los tribunales españoles y en la Eurocámara durante bastantes años".
El caso específico de Canarias, cuyo Parlamento aprobó una ley "que nació con el ánimo de regularizar algunas situaciones de poblados ilegales afectados y que fue paralizada por el Gobierno estatal al presentar una denuncia de inconstitucionalidad ante en Tribunal Constitucional", pasa por recuperar aquella ley y sus competencias en materia de litoral, "que tiene algunas, pero gracias a Dios no todas". Según García, "más de un nacionalista, nacionalista sincero, ha dicho en alguna ocasión que lamentándolo mucho, deseaba que esas competencias siguieran indefinidamente en manos del Estado, porque la Comunidad Autónoma era un auténtico peligro. Pero lo que pasa es que si el Estado empieza a actuar como Canarias, estamos cogidos por un lado y por otro. Así que, los que pensamos que esto no es adecuado, intentaremos por todos los medios legales dificultar este penoso tránsito, porque además, el Partido Popular tiene mayoría, es obediente y está cohesionado", admitió.
En los diferentes colectivos de afectados la noticia la han tomado con cautela, pero albergando algo de esperanza. José Luis Langa, abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, se queja de la opacidad y "falta de transparencia" de la Administración, exactamente la Demarcaciones de Costas del Archipiélago, que ante la reiterada demanda de información para conocer "los deslindes que se han practicado y los que están pendientes de ejecutar", solo ha obtenido el no por respuesta. Lo siguiente, puesto que ya ha cursado la petición, es entrevistarse con el ministro Arias Cañete. La asociación ha hecho una estimación y cree que debe haber "unas 150.000 personas afectadas en todas las islas".
Desde la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), Eustaquio Villalba manifestó que "lo de Arias Cañete es básicamente una declaración de intenciones, aunque a nosotros se nos han encendido todas las alarmas puesto que la modificación de la ley se hace desde una perspectiva contraria a un crecimiento lógico y sostenible". No está Villalba por la labor de que se establezca una moratoria porque "mientas la ley exista, la ley hay que aplicarla. En un estado de derecho no cabe otra opción y si lo que se quiere es que no se cumpla, lo que hay que hacer es modificarla, cambiarla o derogarla". "Tanto el PP como el PSOE son responsables de que la Ley de Costas no se haya aplicado correctamente, una ley que no ha sido un impedimento para que se haga especulación", añadió.
Por otro lado, Pilar Marcos, responsable del Área de Costas de Greenpeace España, lamentó que "por una mala aplicación de las Demarcaciones de Costas del Archipiélago y los propios ayuntamientos que la conocían perfectamente, se vaya a reformar la norma entera". Marcos entiende "que es un paso atrás" y quizá uno de los errores de Arias Cañete, puesto que "él no puede iniciar una reforma sin deslindar la costa española porque todas esas personas que vieron cómo sus casas fueron derribadas, ahora lo que van a hacer es pedir una indemnización". La responsable de la organización ecologista expresó su temor, pues "si se abre la caja de Pandora y se reforma la Ley de Costas no sería para solventar ese 10% de arbitrariedades que existen, sino para buscar la depredación sobre los territorios que aún quedan en la costa y con la que muchos ayuntamientos, están buscando solventar la crisis económica"