La familia de Marta del Castillo ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo para que se anule la sentencia que condenó a Miguel Carcaño a veinte años de cárcel por el asesinato de la joven, y de forma subsidiaria no recurrirá su absolución por violación y pedirá una condena por profanación.

Por su parte, fuentes de la Fiscalía de Sevilla han dicho hoy que siguen estudiando su recurso y que agotarán los plazos para presentarlo, mientras que la defensa de Carcaño recurrirá para que la calificación como asesinato quede reducida a homicidio, con una condena de entre diez y quince años de cárcel en lugar de los veinte impuestos.

En una nota de prensa, el bufete Montero Aramburu, que ejerció la acusación en nombre de la familia de Marta, informa de que la mayoría de sus motivos de recurso, si fueran estimados, tendrían como efecto la nulidad del juicio celebrado en la Audiencia de Sevilla y su repetición ante un tribunal del jurado o en la Audiencia.

La familia recurrirá así la sentencia que el pasado 13 de enero condenó a Carcaño por asesinato pero le absolvió de violar a Marta y de profanación de cadáveres, mientras que sus supuestos cómplices -su amigo Samuel Benítez, su hermano Francisco Javier Delgado y a la novia de éste, María García- fueron absueltos de todos los delitos de encubrimiento y contra la integridad moral.

Con carácter subsidiario, el recurso pedirá que Carcaño sea condenado a otros cinco meses de cárcel por profanación de cadáveres, y Benítez por ese mismo delito de profanación y por otro de encubrimiento, con una condena de tres años.

Fuentes del caso han informado de que, dado que los hechos probados por la sentencia no pueden modificarse, no cabe recurso contra la absolución de Carcaño por violación y tampoco la de sus cómplices, salvo en el caso de Benítez por encubrimiento ya que, según el veredicto, recibió una llamada de Carcaño a las 21.24 horas del 24 de enero de 2009, cuando supuestamente estaba preparando el traslado del cuerpo.

La acusación particular planteará que el caso Marta debió ser juzgado por un jurado popular y no un tribunal profesional y además que el doble enjuiciamiento -por un lado los cuatro mayores de edad y por otra el joven apodado ''el Cuco'', condenado por encubrimiento- pudo evitarse planteando una cuestión de inconstitucionalidad.

Ello habría impedido tener sentencias contradictorias y no se habría vulnerado el derecho de la familia a obtener "una sola respuesta del Estado respecto de los hechos de los que su hija fue víctima".

Además, la previa sentencia contra ''el Cuco'' en la jurisdicción de Menores -que no consideró probada la violación de Marta ni que entre Carcaño y ''el Cuco'' la estrangularan- pudo impedir al tribunal de adultos "situarse con la necesaria imparcialidad" y les pudo llevar a "dictar una resolución en abierta contradicción con la ya dictada e incomprensible socialmente".

También plantea la acusación que en la tramitación del juicio pudieron denegarse indebidamente ciertos testigos, como los padres de Samuel y el jefe policial que dirigió la investigación.

La acusación también pedirá al Supremo que valore si la sentencia de la Audiencia "puede considerase contraria a la lógica", especialmente al dar por buenas las declaraciones de Carcaño pese a carecer de "corroboración alguna".