La directora general de Trabajo del Gobierno regional, la socialista Gloria Gutiérrez, se reunirá este jueves con algunos de los trabajadores de la empresa municipal de Viviendas de Santa Cruz de Tenerife para conocer su versión de lo ocurrido con el expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado en la compañía a principios de año y que afecta a nueve empleados.

Según señaló a EL DÍA el pasado sábado la propia consejera, su departamento desconocía que el acta (con fecha del 14 de diciembre) que le remitió la empresa con el acuerdo entre la compañía y la representante de los empleados solo fue conocida a posterior por éstos, que también denuncian que no tuvieron información previa ni se convocaron asambleas para exponer los planes de la Concejalía y tratar de buscar alternativas.

El ERE, que ya está en vigor, contó con el beneplácito de la citada Dirección General de Trabajo. Sin embargo, y de haber conocido con antelación el desacuerdo de los empleados con su representante, todo apunta a que el departamento regional hubiera obrado de otra manera y habría analizado las causas económicas alegadas por la compañía, así como la situación general de Viviendas Municipales, sus balances pecuniarios, ingresos, gastos, facturación, estados de sus cuentas y los casos de cada uno de los despedidos, sobre todo para comprobar si se corresponden con los criterios de "productividad y polivalencia funcional" esgrimidos. Por ello, los afectados confían en que la directora rectifique y anule su respaldo inicial al ERE.

Fuentes de los trabajadores recalcaron ayer a EL DÍA que existían otras alternativas, como las prejubilaciones de tres empleados de 58 a 63 años o recortes en la asistencia sanitaria, el plus de productividad o las ayudas escolares.

Además, creen mucho más importantes algunos datos que, en su opinión, desmontan las tesis económicas que supuestamente justifican el ERE. Entre otras cuestiones, señalan (y esgrimen los documentos oficiales) que en dos cuentas bancarias de la empresa hay casi tres millones de euros por imposiciones a plazo fijo, a los que se suman otros 545.000 y 309.000 euros de otros registros. Casi 4 millones que, según subrayan, contrastan con los 260.000 de indemnizaciones por el ERE que, "encima, nos pagan la mitad ahora y la otra, en seis mensualidades".

También sostienen que, desde su creación en 1995, la compañía ha gestionado 1.300 viviendas y ha recaudado 2,5 millones por alquileres, si bien quedan pendientes de cobro 232.000 euros. Sin embargo, ese dinero correspondía al ayuntamiento, no se le abonó y, por ello, tampoco se le facturó 1,6 millones por la gestión, dinero en el que no entraría el año 2011 ni otro millón de impagados. Esto hace un total de 2,6 millones que, según remarcan, compensarían los balances y los más de dos millones de pérdidas reflejados en el impuesto de sociedades de los últimos 4 años, la clave de las causas del ERE.

Asimismo, aclaran que a los 9 despedidos se ha unido el gerente, quien respaldaba a los empleados y que, al no serle notificado su despido con los 3 meses de antelación que exige su contrato, ha recibido una indemnización aún mayor.

polémica

CCOO pedirá la dimisión de Cano

Daniel Delgado, delegado sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, aseguró ayer que van a solicitar la dimisión del presidente del Comité de Empresa, Miguel Cano, por entender que no ha defendido como debía los puestos de trabajo de Viviendas Municipales. Delgado considera que un presidente de un comité de empresa no puede estar de acuerdo "ni con 9 ni con un despido" y que debía "haber buscado otras posibilidades", como "redistribuir a los trabajadores en otras áreas del ayuntamiento". Desde CCOO, se argumenta que la crisis ha paralizado oposiciones y no se están cubriendo las vacantes, por lo que ésta habría podido ser una solución. "Esto no es defender a los trabajadores, sino a la empresa", afirma Delgado. Asimismo, critica e l acuerdo al que se ha llegado para la indemnización porque el convenio colectivo establece 45 días por año. Intersindical Canaria tiene la mayoría en el Comité de Empresa (8 delegados), frente a los 3 de CCOO y los 2 de UGT.