La guerra particular que libra Eloy Cuadra -un tinerfeño que descubrió que llamar al 012 le costaba hasta 42 céntimos, pese a que recibía el mismo servicio y prácticamente gratis llamando al 922239301 o el 92821930- contra el Gobierno de Canarias para aclarar el coste real que el servicio de información tiene sobre la población de las Islas, continuó ayer con la presentación de sendas denuncias ante el Diputado del Común y el Defensor del Pueblo.

Cuadra ya presentó una instancia similar el pasado día 12 de enero en el registro general de Presidencia del Gobierno de Canarias en el que no solo solicitaba al presidente, Paulino Rivero, que le aclarara esta cuestión del pago por llamada, sino también por qué el Gobierno de Canarias destina casi 16 millones de euros a la empresa encargada de prestar este servicio, cuando en comunidades como Madrid o Cataluña ni siquiera se llega a los diez millones, pese a tener mucha más población.

"Según informa el propio Gobierno, el 012 recibe alrededor de 14 millones de llamadas al año. El coste de la llamada al teléfono 012 en Canarias oscila en la actualidad entre los 34 céntimos por llamada si se llama desde una línea fija de casa y los 42 céntimos si se llama desde una cabina o un móvil. También se informa desde el Gobierno de Canarias que este dinero no lo ingresa el Gobierno, lo ingresa mayoritariamente la empresa que presta el servicio. A tenor de lo apuntado, el servicio 012 de atención ciudadana del Gobierno de Canarias es pagado de los impuestos por todos los ciudadanos en esos 16 millones de euros, y también es pagado en la cantidad que se le cobra por la llamada a cada ciudadano que utiliza el servicio", detalla en su queja ante ambas instituciones este ciudadano, antes de aclarar que los teléfonos 012 funcionan en muchas comunidades y están catalogados por ley como teléfonos de interés social.

La queja se fundamenta en que en Andalucía el teléfono de cita previa de la Junta tiene un coste reducido a una llamada local, y en Castilla León el propio Defensor del Pueblo de la región, allí llamado Procurador del Común, instó a la Junta de Castilla León en 2010 a que ajustara el precio al coste más barato posible y a que redoblara la publicidad del 012 con el otro teléfono fijo equivalente gratis para todos los que dispongan de tarifa plana en llamadas a fijos nacionales, detalla Eloy Cuadra.

"No se entiende por qué el Gobierno de Canarias, pudiendo tomar partido del lado de los ciudadanos informando de un teléfono gratuito o mucho más barato, no lo hace y prefiere anunciar el 012, aún a sabiendas de que perjudica a los ciudadanos y favorece a una empresa", asegura.

Y parece que la propia legislación apoya esta petición particular, puesto que el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 1, el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 5, apartado 2, epígrafe b, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 3, Principios generales, apartados 1 y 2 insisten en la obligación de las Administraciones Públicas de velar por el interés general en sus actuaciones y de optar por la opción más ventajosa para las arcas públicas y, por consiguiente, para los ciudadanos.

Cuadra tampoco desecha la posibilidad de llevar el asunto a los tribunales si no se aclara.