El Gobierno irlandés presentó hoy un proyecto de ley de insolvencia que reformará, entre otras cuestiones, las "arcaicas" restricciones sobre bancarrotas y ayudará a afrontar deudas hipotecarias a particulares con problemas financieros.

Las nuevas medidas fueron presentadas hoy por los ministros de Finanzas e Interior, Michael Noonan y Alan Shatter, respectivamente, y pretenden sustituir a la actual Ley de Bancarrota de 1988, a la que ambos titulares consideraron "arcaica" para hacer frente a la grave crisis económica que sufre el país.

En cuanto el Parlamento nacional apruebe estas propuestas, cualquier persona que se declare en bancarrota podrá volver a hacer negocios y liberarse de su deuda en un plazo de tres años, frente a los 12 que establece la legislación vigente.

Además, se ofrecerán procedimientos de negociación para que el deudor y los adeudados busquen un acuerdo fuera de los tribunales para deudas aseguradas y no aseguradas que superen los 20.000 euros.

De esta manera, el Gobierno quiere impedir que los empresarios de este país se declaren en bancarrota en otras jurisdicciones, como en Irlanda del Norte o en Gran Bretaña, donde la legislación reduce el citado periodo a solo un año.

La nueva ley también incorporará después de su introducción una serie de medidas encaminadas a aliviar los problemas de deuda de los hipotecados, en un país donde la tasa de morosidad superior a 90 días supera el 9 por ciento.

Aunque los detalles no han sido aún expuestos, el Gobierno confirmó hoy que ciertos particulares con serios problemas podrán negociar con su entidad prestamista una reducción de su deuda, ya sea ésta inmobiliaria o personal, en un proceso extrajudicial.

Los propietarios podrán, además, seguir viviendo en sus domicilios, lo que evitaría que el perdón de deuda se produjese a cambio del inmueble sujeto a la hipoteca.

"Este es un gran paso al que seguirán más medidas para abordar la cuestión de los problemas de hipotecas que afrontan mucha gente", dijo el ministro de Justicia.

La redacción de la nueva ley, que está prevista que entre en vigor el próximo abril, es una de las condiciones impuestas en el rescate económico a Irlanda de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuantificado en 85.000 millones de euros.

"En estos tiempos difíciles, no se puede esperar que el contribuyente ofrezca su ayuda a aquellos pueden permitirse pagar sus hipotecas", precisó Noonan al explicar que la legislación seguirá "criterios apropiadamente dirigidos".