El Pleno del Cabildo de La Palma expresó ayer por unanimidad una defensa a ultranza de las escuelas rurales, doce de las cuales vuelven a estar en peligro, como ya ocurrió en el pasado, por la necesidad de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de reducir gastos, unificando los alumnos en los denominados colegios completos.

En una declaración institucional, CC, PP y PSC acordaron reiterar expresamente el apoyo del Cabildo a la labor y el papel que desarrollan las unitarias de La Palma, proponiendo a la Consejería del ramo que plantee un proceso de negociación con los representantes sociales en el seno del Consejo Escolar de Canarias para la creación de un reglamento de medidas específicas para la organización y funcionamiento de las escuelas rurales. Además, se exige a Educación que continúe aplicando los criterios conjuntos que en su día se establecieron de manera consensuada para el mantenimiento de estos centros docentes.

En el acuerdo se recuerda que el Cabildo procedió el día 23 de abril de 2007 a la entrega solemne, en el Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma, de la Medalla de Oro de la Isla al colectivo de las escuelas rurales de La Palma. Varios han sido también los acuerdos y mociones que, de manera unánime por parte de todas las fuerzas políticas, se han aprobado "en defensa de una concepción de la enseñanza profundamente imbricada en el ámbito de la ruralidad que define y sustantiva buena parte de la idiosincrasia de los habitantes de esta Isla".

El Pleno entiende que "pese a que todos somos conscientes de la realidad económica que nos rodea y que ha impactado con fuerza en la capacidad de las instituciones para poder ofrecer sus servicios al ciudadano, existen garantías a las que como sociedad no podemos renunciar". Una de las más básicas, la que permite indiscutiblemente alcanzar las mayores cotas de libertad y madurez a una comunidad, es la educación. Este referente, "materializado en el caso de La Palma en sus escuelas rurales, no puede ni debe ser eliminado aplicando criterios meramente economicistas".

La escuela rural "forma parte consustancial de nuestra cultura, de nuestro paisaje e incluso de nuestra economía". Desgraciadamente, todos estos beneficios colaterales e intrínsecos de este modelo educativo "sufren recurrentemente el tamiz de la evaluación materialista". Ante la posibilidad de que se pueda llegar a volver a plantear el cierre de alguno de estos centros, esta institución reivindica una vez más "el valor y la necesidad de los mismos".

ECONOMÍA

Lograr más fondos europeos

El Pleno insular aprobó una moción presentada por el Partido Popular para intentar lograr más fondos de la Unión Europea para la ejecución de programas. Asier Antona, líder del PP, cuestionó el trabajo del grupo de gobierno para acogerse a estas ayudas: "Tengo la sensación de que poco se está haciendo para lograrlos". Destacó que existen proyectos de la UE como el Jeremy y Jessica de los que La Palma podría beneficiarse y no lo está haciendo, apuntando que "se está perdiendo mucho dinero". Pese a la aprobación de la moción, Guadalupe González Taño enumero varios proyectos realizados en la Isla gracias a la captación de dinero de la UE: "Entre 2007 y 2010 obtuvimos más de cuatro millones". La presidenta dijo que las ayudas más importantes que Europa puede dar a La Palma son agrícolas, especialmente para el plátano, recordando que el PP "pide aquí obtener beneficios europeos y luego solicita en Europa que se aceleren los acuerdos con países como Colombia o Perú, acuerdos en los que normalmente el plátano es la moneda de cambio". Antona contestó que el PP "es el partido que más ha trabajado en favor del plátano de Canarias".

AGRICULTURA

Sin dinero para el programa rural

La segunda de las mociones debatidas ayer en el seno del Cabildo de La Palma intentaba aclarar qué ocurre con el programa de desarrollo rural, por el que la Isla debe recibir, tras el acuerdo entre el Estado y el Gobierno de Canarias, una inversión de más de 21 millones de euros hasta 2015. El portavoz del Partido Popular, Carlos Cabrera, encargado de defender la propuesta, aseguró que de las 47 propuestas presentadas por los ayuntamientos de La Palma a este plan "no hay ninguna", sino que existen otras acciones puestas por el Gobierno "que no son las más urgentes ni las que quieren los municipios". El consejero de Agricultura, César Martín, aclaró que "la financiación para este programa es al 50% entre Estado y Gobierno de Canarias", pero el Ejecutivo canario no tiene dinero para cumplir con su parte del acuerdo, por lo que "para no perder lo que viene del Estado, lo que ha hecho es poner proyectos de obras que ya tenía contemplados en su presupuesto", especialmente en materia de salud y no tanto de obras rurales. Tras el debate, se llegó al acuerdo unánime de analizar en un encuentro con los ayuntamiento lo que ocurrirá con esta programa.

JUSTICIA

Piden un juzgado de lo Social

El Cabildo de La Palma aprobó ayer una segunda declaración institucional en la que se reclama al Gobierno de Canarias y al Estado la creación en la Isla de un juzgado de lo Social, entendiendo que la Isla tiene la suficiente entidad para contar con un partido judicial de estas características. En el acuerdo se advierte de que aunque el Cabildo "respete el legítimo ejercicio por las otras administraciones públicas de sus propias competencias", es evidente que la Institución insular "debe velar por que los servicios públicos que se presten en La Palma se ofrezcan a sus habitantes en las mejores condiciones, y en el supuesto que no fuere así, promover las iniciativas necesarias para conseguirlo". Es desde esa perspectiva "donde debe situarse la pretensión de mejora en la Isla de un servicio público esencial, como es el de la Administración de Justicia, y dentro de su ámbito, con la petición de que se cree un Juzgado de lo Social con sede en La Palma y con jurisdicción en toda la isla, con el fin de lograr que el ciudadano vea satisfechas sus demandas con la adecuada inmediatez y eficacia". Hasta ahora se desplaza un tribunal desde Tenerife.