HACE unos meses comenté en EL DÍA la situación que se les iba a plantear a los bares y cafeterías situados en los alrededores de las plazas de España y la Candelaria de la capital tinerfeña ante el traslado de la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social, hasta entonces en la calle General Gutiérrez, a la de José Manuel Guimerá, cerca del mercado de Nuestra Señora de África y enfrente de la presidencia del Gobierno. Los mencionados establecimientos han sobrevivido durante muchos años gracias a los ingresos que reciben de los cientos de funcionarios -un considerable número de ellos pertenecientes a la Tesorería- que todas las mañanas los "invaden" para desayunar o, en la mayoría de los casos, tomarse el tradicional cortado.
Sin embargo, he de decir, antes que nada, como visitante asiduo de la zona, que una vez realizado el traslado, a primera vista no se ha observado disminución alguna en el número de parroquianos en los establecimientos que podrían haberse visto afectados; o ha aumentado el número de funcionarios o disminuido su horario laboral, lo cual les permitiría disfrutar durante más tiempo de su cortado mañanero.
Hemos de reconocer que la idiosincrasia española en ese sentido es muy particular. Algunos empresarios "iluminados" creyeron que el problema de las ausencias laborales debidas al cortado se eliminarían con las máquinas expendedoras. Tomarse esa bebida a un precio inferior evitaría, pensaron ellos, la ausencia del funcionario durante más tiempo que el permitido por la legislación en vigor, sin percatarse posiblemente de que el "cortado" no es la bebida en sí, sino el rato de distracción, de charla distendida con los compañeros de trabajo que los veinte minutos de asueto les propicia.
Pero el patio anda ahora un poco revuelto ante la nueva Ley de Relaciones Laborales que ha anunciado el Gobierno. Los trabajadores -no solo los funcionarios- se preguntan si también les van a modificar ese "logro social", mas no creo que ese tema vaya a modificarse; si se llegara a eso podríamos enfrentarnos, poco más o menos, a otro motín de Esquilache. El cortado es para los españoles la tradición -como el toro de Osborne-, el elemento que aglutina a conocidos y desconocidos ante la barra de un bar o en los cómodos tresillos de un establecimiento hotelero. Se bebe en toda la piel de toro y a cualquier hora del día, aunque no puede decirse que sea el mismo en todas partes. Cortado, barraquito, bombón, leche y leche, carajillo, etc., son algunos de los nombres que recibe la olorosa bebida en diferentes países, y que no tiene nada que ver con el sucedáneo que se sirve, por ejemplo, en Reino Unido o Estados Unidos. Forma parte, digámoslo de una vez, de nuestro patrimonio, de nuestra manera de ser, y sería absurdo erradicarlo como si fuese algo dañino. No obstante esto, según se dice en los corrillos de algunas administraciones, el cortado -el canario- está a punto de sufrir un fuerte golpe propiciado por el Gobierno autonómico, que, anticipándose al central, no está dispuesto a permitir el abusivo uso que se está haciendo de los quince o veinte minutos que la legislación laboral permite para "recargar las pilas".
Si esto llegara a ser cierto, los bares y cafeterías volverían a ver su existencia comprometida, aunque ahora no solo en la parte baja de la ciudad, sino en cualquier lugar donde esté asentado un organismo público. La plaza de Weyler, la rambla de Santa Cruz, la urbanización Anaga, la zona del mercado y algunos lugares más verán sensiblemente desocupados los bares que son su vida, pues los veinte minutos del cortado no dan tiempo para tomárselo e ir de compras al supermercado. Porque, y hemos llegado ya al quid del asunto, si la medida aludida llega a ser adoptada, resulta evidente que no lo será por el cortado en sí, sino por el abuso que se hace de su tiempo.
Los ciudadanos, todos nosotros, estamos cansados de pretender resolver una cuestión en una administración pública, sobre todo de diez a once de la mañana, y encontrarnos la dependencia con la mitad de los puestos vacíos. Nuestro carácter, tolerante como pocos, permite que conservemos la compostura, pues todos somos conscientes de que esa es la hora del cortado, pero la perdemos cuando vemos llegar al funcionario que nos va a atender pasada media hora, o más.
Recuerdo, sin ir más lejos, a unos amigos que trabajaban en el Cabildo, concretamente en Obras Públicas. Fueron trasladados a una dependencia del Gobierno autónomo en el Edificio de Usos Múltiples 1, sito al final de la calle La Marina, lo cual no fue óbice para que continuaran acudiendo al bar de la calle Candelaria "de toda la vida". Son comportamientos que nunca se debieron tolerar, y menos aún ahora, cuando se pretende que haya una claridad diáfana en todos los asuntos relacionados con la administración.
Para concluir, creo que los funcionarios tienen los derechos que están estipulados en el estatuto de trabajadores de la función pública. Nadie puede mermarles unos derechos que se les han concedido, pero existe también un derecho de los administrados que, igualmente, exige ser cumplido.
Como se decía en la novela "Sinuhé, el egipcio", de Mika Waltari, "que así se escriba, y así se cumpla", sin más controversias.