Canarias va contra corriente de la mayoría de las comunidades autónomas y mantiene la idea de convocar este año oposiciones para el profesorado de Secundaria y Formación Profesional. Pese a que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, aconsejó ayer a los representantes de las administraciones regionales durante la Conferencia Sectorial de Educación que estudien con detenimiento la conveniencia de celebrar procesos selectivos -dado el escaso número de plazas que el Gobierno central les permite convocar- y que la mayor parte de ellas ha renunciado a hacerlo, la Consejería canaria mantiene la idea de que haya oposiciones en 2012 y de buscar fórmulas que permitan ampliar el volumen de plazas.

El Archipiélago se une, de esta manera, a Andalucía, País Vasco y Madrid en su intención de crear nuevo empleo público docente. Las dos primeras comunidades ya han convocado los procedimientos y Madrid prevé hacerlo próximamente, al igual que Canarias, que lo condiciona a la posibilidad de aumentar las plazas, para lo cual baraja incorporar las plazas correspondientes a otros sectores -Sanidad, fundamentalmente- que no pueden desarrollar oposiciones este año.

En cuanto a las demás regiones, han prefetido acumular la oferta en 2013, de manera que este año no van a convocar plazas y evitar así el "efecto llamada" a opositores procedentes de otras comunidades autónomas.

Si la idea del Gobierno canario prospera, los aspirantes a profesor de Secundaria podrían optar a unas 180 plazas, en lugar de las 78 que, en principio, permite el decreto ley de Medidas Urgentes aprobado por el Consejo de Ministros. Esta norma restringe la convocatoria de empleo público solo al 10% de los 786 trabajadores que se jubilaron, fallecieron o causaron baja durante el año pasado.

El consejero de Educación, José Miguel Pérez, opinó que congelar las oposiciones "no tiene sentido" desde el punto de vista económico, porque "no se ahorra un duro por no estabilizar la plantilla, incluso al contrario", al tiempo que se incrementa la tasa de interinidad.

Si la postura de la Consejería es minoritaria en el conjunto del país, también puede empezar a serlo dentro de la negociación con los sindicatos de las Islas. Dos de ellos, CCOO -que a nivel nacional apoya la convocatoria de oposiciones- y Docentes de Canarias-Insucan, advirtieron ayer de que "no es el momento" para celebrar estos procedimientos selectivos que, a su entender, perjudicarán al colectivo de profesores interinos y sustitutos con años de experiencia.

En este sentido, volvieron a exigir una modificación de la normativa que regula la conformación de las listas de empleo para reconocer la actividad y la formación realizada por estos trabajadores.

Al término de la reunión con el Ministerio, Pérez también expresó su temor por una posible supresión de los programas educativos de cooperación territorial, que Wert avanzó que habrá que "reevaluar de forma muy rigurosa".

La ESO se queda en tres años

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, planteó ayer la reforma anunciada en el programa electoral del PP para que la ESO quede en tres años y el Bachillerato gane uno, hasta tres, si bien subrayó que la educación seguirá siendo obligatoria hasta los 16, informa Efe. Wert adelantó que el Gobierno enviará el proyecto legislativo al Parlamento muy probablemente en el segundo semestre del año, con la idea de un análisis previo "muy riguroso" de todos los impactos del cambio, también en el "costo" que tendrá, y alcanzar el máximo consenso. "No vamos a imponer ningún apresuramiento al trámite prelegislativo que vaya en contra de alcanzar el consenso más amplio, lo que no quiere decir retrasarlo ''sine die''", ha señalado. Por su parte, el vicepresidente y consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, advirtió de que esta medida tendría "repercusiones" en la equidad y en la eficiencia del sistema, así como en el plano económico. La representante de Cataluña, Irene Rigau i Oliver, dijo que su comunidad ve "más complejidad que beneficios" en la idea de ampliar el Bachillerato actual de dos a tres años, eliminando el cuarto curso de la ESO. La consejera recordó que España optó por los grados de cuatro años en lugar de por los tres como la mayor parte de los países europeos, que también tienen un Bachillerato de tres años. En este sentido, Rigau i Oliver apuntó que "es conveniente saber por donde hay que acortar y por donde alargar".