Las principales ONG que operan en España temen que si las comunidades autónomas se quedan con la competencia de distribuir el dinero recaudado mediante la casilla para fines sociales del IRFP, como ha fallado el Tribunal Supremo en relación a Cataluña, se pierdan fondos para los proyectos tanto de cooperación como de acción social.

En concreto, la sentencia del TS destaca que es competencia del Estado la regulación de los aspectos centrales de las subvenciones para programas con fines sociales pero "es competencia de la Generalitat su gestión y la tramitación, resolución y pago".

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social, Luciano Poyato, ha mostrado su "preocupación" por que el dinero "se pierda o se destine a otros fines" y ha optado por "mantener un sistema, coordinado por la Administración General del Estado, que ha demostrado su eficacia".

En declaraciones a Europa Press, Poyato ha recordado que "las actuales convocatorias que saca la Administración General del Estado pasan por un ámbito consultivo en el que están las ONG", por lo que ese dinero se distribuye "en función de las prioridades" que existen en torno a la exclusión. "Nuestra postura es que si hay algo que viene funcionando, que no se toque ni se paralice", ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que "el gran interrogante es que si se transfiere a las CCAA puede ocurrir que el dinero llegue a la autonomía, vaya a una consejería en concreto y no lo saque en concurrencia pública para las ONG, aunque ese dinero se destine finalmente a otro tipo de proyectos sociales. De esta forma, según Poyato, se estaría saltando "un intermediario fundamental".

Por otro lado, se ha mostrado "preocupado" por que "según esta la situación económica y financiera de algunas comunidades" este dinero "no vaya a la finalidad que debe tener y que las ONG vienen reivindicando desde hace muchísimos años". "Creemos en el mecanismo actual, que está haciendo que los que son pobres no sean más pobres", ha apostillado Poyato, a la vez que insiste en que "el dinero canalizado por las ONG llega siempre a su destino".

EQUILIBRAR LAS DIFERENCIAS ECONÓMICAS ENTRE COMUNIDADES

Asimismo, ha asegurado que "las convocatorias a nivel estatal equilibran las diferencias económicas entre comunidades autónomas". En cualquier caso, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social ha advertido de que "no se va a entrar en una guerra con lo territorial", ya que muchas de las organizaciones del sector tienen unidades territoriales con gran peso dentro de se esquema organizativo.

Otro problema que destaca Poyato es que "si el dinero se descentraliza habría un coste de la Administración General del Estado y después otro de cada comunidad autónoma, que debería afrontar el gasto derivado de la gestión para la ejecución de las subvenciones". De esta forma, ha sentenciado, se estaría duplicando la burocracia".

Por último, ha recordado que para el Tercer Sector de Acción Social la campaña del 0,7 por ciento es esencial a la hora de ayudar al gran abanico de colectivos que las ONG cubren y ha celebrado que "cada año la ciudadanía tiene una respuesta más clara a la hora de destinar parte de sus impuestos a fines sociales".

LA AECID "NUNCA" SE RETRASA EN LOS PAGOS

Para el presidente de la Coordinadora de ONG de Desarrollo-España (CONGDE), Eduardo Sánchez, hay que tener en cuenta además, que muchas comunidades autónomas tienen retrasos a la hora de ejecutar sus pagos, algo que "nunca" ha pasado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Esto, según afirma, "puede hacer que bajen los niveles de calidad en la gestión".

En declaraciones a Europa Press, Sánchez ha añadido que existe la "preocupación" de que unos fondos que ya se están aplicando sean sustituidos por esta nueva partida. "Estamos estudiando con detalle la sentencia y las implicaciones que puede tener, pero lo que tenemos claro es que cualquier cambio, si lo hay, no debería suponer que con ese dinero se sustituyan otras subvenciones que dan las comunidades", ha apuntado.

Por eso, ha señalado que se debe exigir "transparencia, concursos públicos e igualdad de oportunidades", para que "todo se destine al fin último" que es la cooperación internacional. Asimismo, Sánchez, ha concretado que existe "un plan director" en el que se debe abordar una lista de prioridades en cuanto a las aportaciones. Por ello, ha negado que puedan existir más problemas a la hora de coordinarse con las CCAA.

El presidente de la CONGDE también ha mostrado su temor de que "se pierda" el dinero si son las comunidades autónomas con deudas económicas quienes lo gestionan. En cualquier caso, ha recordado que de lo que se recauda de las casilla del 0,7 "sólo se dedica a cooperación aproximadamente el 20 por ciento, unos 50 millones al año".