Si la intención de la concejal de Recursos Humanos de Santa Cruz, Carmen Delia Alberto (CC), era evitar el expediente de regulación de empleo (ERE) en Viviendas Municipales mediante el envío de una carta a la edil responsable de esta empresa, Ángela Mena (CC), de momento ha fracasado. El pasado viernes, y cuando aún estaba pendiente la anunciada reunión de Mena con los partidos políticos para detallar los motivos de los nueve despidos y analizar si había alternativas, Alberto le remitió una misiva desde su concejalía (ver documento que ilustra esta página) en la que le expone las dificultades de personal por las que atraviesan diversas áreas del ayuntamiento y, por tanto, le invita a que se pronuncie sobre las "cargas de trabajo del equipo que diriges" para determinar "si existe posibilidad de reasignar personal a otras áreas de la corporación".

En el momento del envío de esta carta, el ERE ya estaba en vigor, se había despedido a nueve trabajadores (así como, fuera de ese expediente, al gerente de Viviendas) y había sido respaldado por la Dirección General de Trabajo del Gobierno regional, aunque este órgano desconocía el desacuerdo de los afectados respecto al acta firmada por su representante y la compañía por desconocer su contenido ni ser informados de las intenciones del departamento para intentar buscar alternativas diferentes a la rescisión de contratos.

Sin embargo, y pese a la vigencia del ERE, la propia Mena había indicado a EL DÍA durante la última comisión de control al gobierno, celebrada el jueves día 19, que la reunión con el resto de partidos acordada ese día dejaba la puerta abierta a una posible marcha atrás. Aunque insistía en sus argumentos, en presentar los despidos como imprescindibles para enderezar el rumbo económico de la compañía tras cinco años de pérdidas por la drástica reducción de la actividad constructora y que todo obedecía al plan de saneamiento y a criterios técnicos, la edil aseguraba que cualquier decisión quedaba a expensas de esa cita.

La reunión se celebró el pasado lunes y sirvió para que Mena, con el apoyo de diversos asesores, se ratificara en todas las tesis ya esgrimidas en la comisión de control para mantener el ERE. Por tanto, ni siquiera había tenido en cuenta la carta remitida el viernes anterior, y recibida ese mismo día por Mena mediante fax, por Alberto en busca de analizar las posibilidades de reasignar personal en otras áreas por las necesidades que tienen por los recortes aplicados, las medidas de austeridad y la situación local.

En la misiva no se menciona en ningún momento el ERE, pero, por su fecha y contenido, sí demuestra cierta descoordinación del gobierno respecto a este asunto, como ya pusieron de manifiesto diversos partidos de la oposición al comprobar que ni la portavoz municipal de CC, Carmen Delia González, ni el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín (PSC), conocían las intenciones, razones del ERE y detalles de los criterios aplicados pocos días antes de la comisión de control al gobierno.

Mena negó a EL DÍA esa supuesta descoordinación asegurando que González sustituyó a última hora a otro edil en una reunión y que no estaba al tanto del ERE, mientras que la postura de Martín la explica por el respeto de cada edil a las decisiones de otro departamento, alegando que no conoce a fondo el asunto.

No obstante, la carta deja claro que, por lo menos Alberto, hay miembros del gobierno que no comparten la decisión y el empeño en mantenerla cuando hay otras áreas que necesitan personal. En su misiva, la edil de Recursos Humanos lo explica así: "Estimada compañera, como sabes, en aras de dar respuesta a las necesidades de optimización y redistribución de los Recursos Humanos (...), estamos intentando dar soluciones a las demandas de las áreas". Tras aludir al decreto ley del 30 de diciembre de 2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que incluyen medidas de contención de gastos, sobre todo en personal, le explica que "la entrada en vigor de esas medidas, unida a la situación económica del consistorio, dificulta enormemente la satisfacción de las necesidades de personal que, por parte de algunas áreas, me han trasladado de forma reiterada".

Por ello, y "con la única intención de tratar de dar respuesta a aquellas unidades administrativas que, por sus cometidos y volumen de trabajo, pudieran estar sobrecargadas y con serias dificultades para culminar con eficacia la prestación de los servicios públicos, (...) me dirijo a ti con el objeto de solicitar un pronunciamiento en cuanto a las cargas de trabajo del equipo que diriges, así como si existe la posibilidad de reasignar personal a otras áreas".

Mena desoyó esta petición y se enrocó con el ERE.

la CLAVE

Ediles de CC que discrepan

A preguntas de EL DÍA, Mena señaló el jueves que no se había barajado la posibilidad de reasignar a los nueve despedidos de Viviendas en otras áreas porque esa opción no cabía. Sí se había acordado durante la firma del acta con la representante de los trabajadores, a la que estos quitan simbólicamente ahora esa representatividad por sentirse traicionados, que, de mejorar la situación y aumentar la actividad en la empresa, serían contratados de nuevo. Además, y como hizo en la comisión de control, se presenta como la edil que, llegada a la compañía hace un año y medio, tiene que adoptar ahora esta medida desagradable por un plan de saneamiento anterior y por "razones económicas objetivas" que, sin embargo, no comparten los afectados y pone en duda la oposición. Sus argumentos quedan desligitimados ahora con esta carta, pero, más allá de la postura documentada de Alberto, a EL DÍA le consta que otros ediles de CC tampoco comparten lo ocurrido en este caso ni el empeño de Mena en mantener el ERE a toda costa si hay otras opciones y dudas sobre las formas y el fondo. Mientras, el pleno abordará hoy este asunto y la reunión de la directora general de Trabajo con los empleados se ha pospuesto a este lunes.