El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, aprobada este viernes por el Consejo de Ministros.

La decisión del Gobierno se debe a la compleja situación económica y financiera que aconseja hacerlo, con carácter temporal, al menos hasta la solución del principal problema que amenaza la sostenibilidad económica del sistema eléctrico que es el déficit tarifario.

Según el BOE, las medidas adoptadas hasta la fecha no han resultado suficientes, lo que ha puesto en riesgo el objetivo final de supresión del déficit tarifario a partir de 2013.

El déficit tarifario constituye en sí mismo una barrera para el adecuado desarrollo del sector en su conjunto y en particular para la continuación de las políticas de fomento a la producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovable y alta eficiencia.

Además, dado que la capacidad de generación instalada en este momento es suficiente para asegurar la cobertura de la demanda prevista para los próximos años, no resulta imprescindible en este momento continuar con las tasas anuales de implantación de estas tecnologías para lograr al final de la década los objetivos previstos.

La medida no afectará a las instalaciones ya en marcha, a las primas ya autorizadas ni a las plantas ya inscritas en los registros de preasignación, mientras que a las en trámite y a las inscritas que, en el plazo de dos meses, opten por no llevar a cabo la ejecución de la instalación, el Gobierno devolverá los avales depositados.

Por otro lado, el Gobierno podrá establecer reglamentariamente regímenes económicos específicos para aquellas instalaciones de producción de energía eléctrica de cogeneración o que utilicen como energía primaria, energías renovables no consumibles y no hidráulicas, biomasa, biocarburantes o residuos agrícolas, ganaderos o de servicios, aún cuando las instalaciones de producción de energía eléctrica tengan una potencia instalada superior a 50 MW.

Para ello, se tendrá en cuenta, además de la potencia instalada, el nivel de tensión de entrega de la energía a la red; la contribución efectiva a la mejora del medio ambiente, al ahorro de energía primaria y a la eficiencia energética; la producción de calor útil económicamente justificable y los costes de inversión y de operación, y el tipo de energía primaria empleada.