La ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció ayer la notificación a Spanair del inicio de un procedimiento sancionador contra la compañía, sus gestores y administradores, lo que podría suponer hasta 9 millones de euros de multa, por "suspensión unilateral y abrupta" de las operaciones.

Spanair ha podido incurrir en dos infracciones consideradas "muy graves" de la ley de seguridad aérea, sancionadas con una multa de hasta 4,5 millones de euros cada una, además de la retirada de la licencia para operar, según apuntó la ministra.

Así lo considera el equipo jurídico del Ministerio, según el cual la primera infracción se refiere al artículo 37.3 de la ley 21/2003 de seguridad aérea que establece la obligación de asegurar la continuidad en la prestación del servicio. Este cumplimiento, unido a que se han causado daños superiores a 15.000 euros, como también recoge la norma, y provocado la suspensión de servicios aeronáuticos, da lugar a una infracción muy grave y a una multa que puede llegar hasta 4,5 millones de euros y a la retirada de la licencia.

Mientras, la segunda infracción se derivaría de la vulneración del artículo 3721 de la ley 21/2003 de seguridad aérea, que fija la obligación a ejercer las actividades con respecto a los derechos de los pasajeros regulados en el reglamento comunitario. Por el incumplimiento de esta obligación e incurriendo en circunstancias, a juicio del equipo jurídico, agravantes previstas en otro de los artículos de la misma ley, también se califica como infracción grave, sancionada de la misma forma que la anterior.

Ante estos hechos, Pastor aseguró que su departamento no cesará hasta que "se asuma toda la responsabilidad de quien incumple las normas y de quien pisotea los derechos de los ciudadanos".

Asimismo, reveló que el Ministerio se ha puesto en contacto con algunos representantes de los trabajadores de Spanair y a lo largo de esta semana empezará a reunirse con ellos. Respecto a los pasajeros, resaltó que el número de vuelos suspendidos durante el fin de semana por este motivo asciende a 647, pero insistió en que "Fomento va a seguir trabajando para intentar, dentro de sus posibilidades, minimizar los daños".

Fuentes de los trabajadores de la aerolínea detallaron que "desde que decidió el cese de operaciones Spanair, el Ministerio de Fomento y AENA se estaban coordinando para que las mismas terminaran en orden y todos los pasajeros y los tripulantes llegaran a su destino. Sin embargo, buena parte de los vuelos que se cancelaron antes de la media noche fue por la falta de suministro de combustible de los proveedores, que ya no nos fiaban más".

El colectivo responsabilizó de la situación "a las denuncias presentadas por Iberia y Ryanair ante la Unión Europea contra las inversiones realizadas por algunas entidades públicas en nuestra compañía". Un hecho que "provocó la marcha atrás de Qatar Airways ante el riesgo de verse obligada a asumir una hipotética sanción que rondaría los 150 millones de euros", sentenció, al tiempo que agregó que "a esto se le suman las presiones de algunos partidos políticos como el PP para que las administraciones dejaran de apoyarnos".

El cierre de Spanair implica, en principio, la pérdida de unos 2.500 puestos de trabajos directos, y entre 1.500 y 2.000 más correspondientes a la empresa de "handling" Newco, que lleva 14 meses en concurso de acreedores y el 80% de su actividad se asocia a esta aerolínea, y la de cátering Newrest, que igualmente se verá obligada a despedir a parte de su plantilla.

Por último, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Canarias, Juan Miguel Suárez, cifró en unos 160 los empleados afectados en las Islas.