La situación de las arcas locales del Ayuntamiento de Santa Cruz no es muy boyante, ni mucho menos. Aunque el edil de Hacienda, Alberto Bernabé (CC), resalta la mejora de la recaudación, los recortes aplicados y algunos ingresos inesperados hasta obtener 17 millones no contemplados en el último presupuesto, el consistorio arrastra desde hace tiempo una difícil herencia en forma de fallos judiciales en contra que, con la última y reciente sentencia, de casi 6 millones de euros, eleva lo pendiente por este concepto a la nada desdeñable cifra de 25 millones de euros.

El último fallo corresponde a la reclamación de la empresa Cetensa Canarias por el impago de tasas por su gestión de los siete cementerios del municipio. Tras un largo litigio, que comenzó en 2008 reclamando poco más de tres millones de euros a la corporación, la Justicia le ha acabado dando la razón y, al final, el ayuntamiento deberá abonarle casi 6 millones de euros a la única compañía que se presentó a la privatización de este servicio municipal en 1995, obteniendo los derechos hasta 2025.

Una resolución que, de todos modos, no ha cogido por sorpresa al concejal del área, que se mostraba tan pesimista o precavido respecto a este litigio que había previsto los 6 millones en el presupuesto de 2012, tal y como le comentó a EL DÍA el pasado viernes. Según sus datos, estos 6 millones se suman a los 19 que se habían acumulado por otros fallos en contra de los intereses locales por múltiples y variados conflictos que acabaron en los tribunales.

A este fallo se unió la confirmación, durante la jornada de ayer, de que el ayuntamiento deberá abonar 723.500 euros a Celgán por la "ocupación ilegal" de dos parcelas para crear el parque Cuchillitos de Tristán (1.100 metros cuadrados). La cantidad la fija el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero es inferior a los 912.000 (también previstos) estipulados en primera instancia, aunque se deberán pagar los intereses desde 2006. El consistorio siempre ha admitido que se trataba de parcelas que no le correspondían.

En el caso de Cetensa, esta compañía se convirtió en la empresa concesionaria de los camposantos de la capital en 1995. En febrero de 2008, interpuso un contencioso administrativo contra el ayuntamiento reclamándole 3 millones por las tasas impagadas de mantenimiento de los cementerios entre los ejercicios 2001 y 2006. El paso del tiempo ha duplicado la indemnización sin que, en este periodo, se alcanzara un acuerdo.

Acuerdo trianual

Hasta 1997, el ayuntamiento cobraba una tasa de mantenimiento por los nichos de adultos, de restos o panteones adquiridos durante 99 años. El dinero lo cobraba la empresa concesionaria con el compromiso de abonar un 5% de lo recaudado al consistorio. Sin embargo, entre 1998 y 2000 ambas partes acordaron suprimir durante ese trienio dicho canon y retomarlo desde 2001 como compensación entre las partes, ya que el consistorio cedió a la compañía una parcela colindante al cementerio de Santa Lastenia, donde se edificó el tanatorio.

Después de 2001, los abogados del ayuntamiento entendieron que, desde 1999, había desaparecido de las ordenanzas municipales la tasa de mantenimiento, pero la empresa consideró que seguía todo igual a como se había gestionado antes del acuerdo trianual. Ante la falta de pagos por el canon, decidió reclamarlo vía judicial respecto al periodo 2001-2006, ampliándose luego. El ayuntamiento intentó paralizar el proceso judicial con un recurso, pero fracasó.

Lo sucedido con el fallo judicial volvió a alarmar a diversos grupos de la oposición, que alertan de la difícil situación económica municipal y que, por tanto, no entienden cómo el consistorio se arriesga a nuevas sentencias en contra con decisiones como el expediente de regulación de empleo (ERE) en la empresa municipal de Viviendas.

Concejales como Guillermo Guigou (Ciudadanos) alertan del hándicap que supone la línea llevada con algunos asuntos, que siempre han acabado en fallos contrarios, y pregunta qué sería del consistorio si su partido exigiera el cumplimiento de la sentencia en contra de la venta de Emmasa, "que supondría un desembolso de 60 millones de euros".