Los tres testigos que declararon ayer en el juicio a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo se convirtieron en los primeros representantes de víctimas que han relatado ante un tribunal cómo se produjo la desaparición de sus familiares y su infructuosa búsqueda.

Durante la tercera jornada de la vista oral, la sala del Tribunal Su-premo (TS) que juzga a Garzón escuchó el testimonio de tres representantes de asociaciones de Memoria Histórica, que dijeron que acudieron a la Audiencia Nacional en 2006 "por Justicia".

Así lo aseguró Pino Sosa, de la asociación de Arucas en Gran Canaria, que a preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, explicó cómo desapareció su padre.

"Se lo llevaron de casa, lo apalearon, lo tuvieron preso. Se nos llevaron el pan y la sal de nuestras casas", afirmó tras recordar que su madre no quiso aceptar la declaración de fallecimiento de su padre porque "se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba".

Aún más emotivo fue el testimonio de la representante de la asociación Sierra de Gredos, María Martín López, que a sus 81 años rememoró ante el tribunal lo que ocurrió con su madre el 21 de septiembre de 1936.

"La mataron, la echaron a la calle, se la llevaron a declarar a Arenas de San Pedro, pero la dejaron en el camino y mataron a 27 hombres y 3 mujeres", dijo María Martín, que añadió que el cadáver de su madre está en una fosa junto a otros cuerpos y todas las gestiones que ha realizado para recuperarlo han fracasado.

Las dos testigos tuvieron que contestar también al letrado de la acusación popular, que ejerce Manos Limpias, José María Ruiz, que pide 20 años de inhabilitación para Garzón por un delito de prevaricación.

El abogado intentó en un momento de la vista cortar la explicación de los testigos sobre las desapariciones, indicando que se está juzgando a Garzón, a lo que el presidente del tribunal, el magistrado Carlos Granados, le advirtió de que era él quien decidía lo que era o no era pertinente.

La acusación insistió en saber por qué acudieron a la Audiencia Nacional y si otros juzgados les habían informado de que los delitos habían prescrito.

Pino Sosa lo negó al asegurar que les dijeron que los hechos no tenían prescripción y que fue la tardanza en responder a su denuncia lo que les motivó a llevar su caso hasta la Audiencia Nacional.

El último testimonio fue el de Ángel Rodríguez Gallardo, un historiador de la Comisión Memoria Histórica de Ponteareas, que denunció un "plan sistemático" del franquismo para eliminar a los responsables del gobierno de la Segunda República, que podría llevar a pensar que se produjeron "actos de genocidio".

Denuncias de los 70

En su opinión, la decisión de las asociaciones de acudir a la Audiencia Nacional no fue "coyuntural", sino fruto de un largo proceso iniciado por familiares, historiadores y personas concienciadas con la reparación que confluyeron en un momento en el que la sociedad empezaba a sentir sensibilidad para que la Justicia pudiera decir qué ocurrió.

Además, recordó que no es la primera vez que se intenta investigar judicialmente las desapariciones del franquismo, y citó algunas denuncias de los años 70 y la exhumación de las fosas de La Solana en Ciudad Real y la del alcalde de Ferrol en 1986.

Ese proceso se interrumpió por el intento de golpe de Estado del 23-F, tras el que el Gobierno socialista decidió "aparcar" las investigaciones, señaló antes de afirmar que tras una laboriosa investigación histórica llegaron a la conclusión de que había ocurrido una "cosa terrorífica" con hechos similares a los investigados en otros países.

El abogado de Manos Limpias preguntó a todos los testigos si habían recibido subvenciones públicas o privadas y la respuesta fue negativa, aunque el representante de la asociación Ponteareas matizó que recibieron una vez una ayuda pero no para la investigación sobre desaparecidos.