Este año se cumple el doscientos aniversario de la proclamación de la Constitución Española de 1812, que estuvo en vigor hasta 1814 y, posteriormente, entre 1820 y 1823, durante el llamado trienio liberal. Una Constitución que fue la más avanzada de su tiempo. La Pepa, como se la conoció popularmente al ser aprobada el día de San José, fue la primera Constitución liberal española, porque abolió el antiguo régimen absolutista de Fernando VII y consagró los principios liberales de la soberanía nacional y la separación de poderes. La Pepa instauró una monarquía parlamentaria en España, consideró por primera vez a los españoles ciudadanos susceptibles de derechos políticos y civiles, y estableció, además, una nueva organización del Estado descentralizada, cuasi federal, a partir del anterior imperio colonial, al convertir a las antiguas colonias americanas, africanas y asiáticas en provincias autónomas, adelantándose en cien años a la Commonwealth. Desafortunadamente, la invasión napoleónica y, sobre todo, la vuelta de Fernando VII, en 1814, impidieron el desarrollo posterior de un texto muy avanzado para su tiempo, que representó los ideales de la revolución liberal, que propició el desarrollo económico y social del resto de los Estados europeos, al contrario que España, que cayó, tras su abolición y la restauración del antiguo régimen absolutista, en un atraso económico, social, político y cultural profundo que nos alejó de Europa durante 174 años, hasta nuestra adhesión a la CEE, en 1986. Los ideales liberales y federalistas de la Constitución Española de 1812 deben actualizarse hoy, mediante la reforma consensuada de la Constitución de 1978, que se aprobó tras la muerte de Franco, y que hoy es insuficiente para organizar la realidad política de España, un Estado plurinacional, en el que las comunidades autónomas son, en realidad, Estados federados, con gobiernos y parlamentos propios, y competencias exclusivas, para que, al igual que decía el artículo primero de la Pepa, la nación española sea, de verdad, la reunión de los españoles de ambos hemisferios, en este caso, de los que viven en las comunidades autónomas europeas, peninsulares y Baleares, y en la africana de Canarias.
La Constitución de 1812 anticipó un proceso de descolonización pacífico y provechoso para la metrópoli y las colonias, que otros imperios coloniales de entonces siguieron, como la Commonwealth o la Unión Francesa, y que la vuelta del absolutismo segó. España, sin embargo, eligió las guerras fratricidas entre españoles de ambos hemisferios para imponer un sistema político decadente, centralizado e imposible, en vez de la descentralización política plena, y así nos fue. Recuperemos el espíritu liberal de la Pepa, no la de Las Palmas, Pepa Luzardo, sino la de Cádiz, la Constitución Española de 1812, y reformemos la Constitución de 1978, la de la Transición, posiblemente, la única posible entonces pero insuficiente ahora.