Roy Fernández pasa su tiempo de trabajo en la Fundación Canaria para la Promoción de la Educación sentado frente a la pantalla azul de un ordenador. Ni siquiera puede utilizarlo, porque el Gobierno autónomo, de quien depende -o más bien dependía- este organismo, ha cancelado su cuenta de usuario, al igual que ha hecho con sus cinco compañeros de la fundación, que se ha transformado en una entidad fantasma, abierta al público pero sin ninguna actividad encomendada.

El Ejecutivo decidió el año pasado prescindir de esta fundación, una medida encuadrada en los planes de ahorro y reducción del déficit de la Administración. Su extinción fue aprobada en mayo por el Parlamento y formalizada en octubre. Aun así, y pese a que no contaba con presupuesto, sus trabajadores siguieron desarrollando buena parte de sus funciones habituales -la gestión de las becas que concede la Comunidad autónoma- hasta diciembre.

Ahora, los empleados permanecen en sus puestos pero no tienen tarea alguna que desarrollar. No han sido despedidos, entre otras cosas porque el Gobierno inició en julio un expediente de regulación de empleo (ERE) que ha quedado desistido porque ni siquiera se ha reunido con la plantilla para negociarlo.

Al mismo tiempo, los trabajadores mantienen un contencioso en los tribunales con la Consejería de Educación que, por el momento, van ganando. Así, una sentencia emitida en mayo por un juzgado de lo social de Santa Cruz de Tenerife les dio la razón cuando denunciaron que la Administración vulnera "de manera sistemática" la normativa laboral al pagarles salarios "muy inferiores" a los que percibe el personal de la Comunidad autónoma y encargarles funciones que no les correspondían. El fallo ha sido recurrido por el Gobierno, que, en caso de perder, se vería obligado a abonar cantidades que, según los afectados, rondarían los 160.000 euros.

El último episodio de esta historia ha sido la cancelación de las cuentas de usuarios de los empleados, un hecho denunciado ante la Inspección de Trabajo, que ha visitado ya las dos sedes de la fundación, en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

La falta de explicaciones agrava la incertidumbre de los trabajadores. "Se nos comunicó que la Viceconsejería de Educación tomaría una decisión sí o sí en diciembre, pero no lo ha hecho. Ahora dicen que nos darán una solución en breve", comenta con escepticismo Roy Fernández, que ejerce de portavoz del colectivo.

Lo cierto es que, pese a estar oficialmente extinguida, la Fundación Canaria para la Promoción de la Educación continúa abierta y "generando gastos ordinarios día tras día", lo que se contradice con el objetivo de ahorro que llevó a suprimirla. Fernández sostiene, además, que la eliminación de esta entidad solo representa un 0,2% del ahorro que la Administración pretendía conseguir con las medidas planteadas para tal fin.

"Es legítimo querer adelgazar el sector público. Lo que no lo parece es querer vender un ahorro que no es tal, pagar menos a los trabajadores y hacerlos víctimas de una cesión ilegal, dejarlos mano sobre mano y sustraer la gestión de las convocatorias de becas para prestar el servicio directamente por ellos sin tener los conocimientos y los medios adecuados para hacerlo", concluye Fernández.

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