Los representantes de los trabajadores del Ayuntamiento de Güímar denuncian que el grupo de gobierno está suprimiendo gran parte de los derechos de sus empleados públicos "como medida de coacción" ante la sentencia de 2010 que condena al consistorio a abonar 1,5 millones de euros por incumplir de manera unilateral los acuerdos con los trabajadores.
"Esta supresión de derechos laborales afecta no solo a los empleados, sino muy especialmente a la prestación de servicios a la ciudadanía güimarera, mientras que, por otro lado, la corporación perpetúa la presencia de personal de confianza y concejales liberados que elevan sus remuneraciones a más de 1.000.000 de euros anuales", señalan a través de un comunicado.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (CCOO), CSIF, UGT e IC denuncian, por tanto, que el gobierno que preside Rafael Yanes no aplica "políticas de austeridad", pues desde 2007 "ha ido aumentando el número de concejales liberados y asesores".
Asimismo, critican "la incompetencia" de la concejal de Régimen Interior, Candelaria González, porque "ha llevado a una parálisis los servicios, como que el municipio no goce de seguridad a partir de las 21:00 horas".
La respuesta
"Es absolutamente falso que se haya coaccionado a los funcionarios. Lo único cierto es que se intentó llegar a un acuerdo para garantizar todos los beneficios recogidos en el actual convenio colectivo y CCOO se negó reclamando la totalidad de las subidas salariales, que ya se habían suspendido por el Pleno", señalan desde el gobierno local.
Además, añaden que no tienen asesores y el coste del grupo de gobierno asciende a 609.000 euros.