El secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO Canarias, José Antonio Fariña, denuncia que los recortes presupuestarios del Gobierno regional en el sector público son distintos en función del ente, situación que su sindicato ve con "preocupación". Denuncia oscurantismo y arbitrariedad en su aplicación.

"Hay algo en la cocina", desconfía al referirse a la manera en que el Gobierno está llevando a cabo el plan de ajustedel sector público. "A las plantillas de los entes se les traslada poca información que, además, es contradictoria". "Queremos saber los verdaderos planes del Ejecutivo en esta materia", insiste.

Por su parte, el secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, Juan Miguel Suárez, coincide con Fariña en que el Ejecutivo regional "fulmina" los convenios colectivos vigentes en los entes públicos de forma unilateral y denuncia que vulnera la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores al imponer las normas del régimen funcionaral a los empleados de las empresas públicas cuando, en realidad se les debe aplicar la legislación laboral.

La Administración regional acordó una reducción del 5% de los sueldos de los funcionarios públicos en 2010 que la comunidad extendió -sin mediar negociación colectiva- a los empleados de los entes públicos, "que han visto mermar sus sueldos, los trienios y han perdido algunos derechos como mejoras sociales".

Pero los únicos trabajadores del sector público que escapan al ámbito de la legislación laboral son los de libre designación -los altos cargos- que, en cambio, mantienen sus privilegios y no se ven afectados por los ajustes, critica Suárez.

Además, afirma Suárez, pese a que la comunidad aprobó limitar por ley el sueldo máximo de los directivos de los entes públicos al equivalente de un director general, hay altos cargos en empresas públicas -como Gestión Sanitaria de Canarias, Visocan, o el ITC- que ganan más.

Por todo eso, CCOO Canarias planteó varios conflictos laborales y cree que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias duda de la constitucionalidad del proceder de la Administración regional.

Asegura que no se pronunciará hasta que el Tribunal Constitucional ratifique la conformidad del plan de ajuste que ahora lleva a cabo en las empresas y fundaciones públicas de la comunidad.

El Gobierno niega que haya directivos en Gestión Sanitaria de Canarias, Visocan y el ITC que ganen más que los directores generales, pero el consejero de Hacienda, Javier González Ortiz, no lo descartó para la totalidad del sector público. "Si hay alguno, o no, depende del ente", admitió ayer tras anunciar más medidas de austeridad para los entes públicos.

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