El Consejo de Gobierno aprobó ayer una declaración institucional de rechazo a las actuaciones del Ejecutivo central sobre las prospecciones en aguas del Archipiélago por la que reivindica la competencia para la comunidad en esta materia y anuncia que tomará las medidas que procedan para su defensa de forma que el Estado asuma el orden competencial establecido.

Así lo anunció ayer el portavoz del Gobierno, Martín Marrero, tras la celebración del Consejo de Gobierno, quien explicó que la declaración se sustenta en lo establecido en la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Canarias y la Ley de Hidrocarburos, "todas de rango estatal".

"Las competencias para otorgar las autorizaciones de explotación y los permisos de investigación de hidrocarburos están atribuidos a la comunidad autónoma, tanto en tierra como en las aguas adyacentes al Archipiélago en los términos que en este caso corresponderían al Estado", dice de forma textual la declaración.

El Ejecutivo canario recordó que las autorizaciones otorgadas por el Estado en 2001 para realizar prospecciones en las aguas de las Islas terminaron luego paralizadas por la falta de estudios de impacto medioambiental, un argumento que también piensa esgrimir en esta ocasión para reclamar al Estado que establezca un diálogo entre ambas partes antes de que rescate los permisos otorgados entonces.

También alega el Gobierno en su declaración que las circunstancias de hecho y la legislación de esa época y las actuales son distintas, por lo que "pretender que en 2012 todo siga igual que en 2001 y 2005 -cuando se intentó convalidar la autorización de 2001- no respeta principios jurídicos elementales de seguridad jurídica y hasta de equidad y de derechos de los particulares y de interés general", por lo que "pretender su tramitación tal cual indica una falta de respeto al derecho que no parece revestido de buena fe y el Gobierno de Canarias también actuará en consecuencia en la dirección de evitar que se rehabiliten los efectos jurídicos de lo que llevaba tiempo absolutamente dormido".

Por su parte, la viceconsejera de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, manifestó que "el Ministerio ya tiene tomada la decisión al margen de lo que pongamos en las alegaciones en el escaso tiempo que ha dado al Ejecutivo para dar respuesta al decreto que tiene en marcha". Luengo está convencida de que el ministro de Industria, José Manuel Soria, "ha tomado la decisión ya".

Especialmente "sintomático" resulta el corto período de tiempo que asignó porque "10 días no se dan en un expediente administrativo salvo para subsanar un documento", indicó. "Eso ya habla del respeto que tiene por Canarias y por los intereses de Canarias", señaló.

Sobre la autorización para explorar y explotar el crudo originalmente dada a Repsol YPF, Luengo dijo categórica que "tal y como lo tiene en la mesa, no beneficia a los canarios, todo lo contrario".

Para la viceconsejera canaria, es vital el consenso por eso, no se permitirá que "actúe como una apisonadora porque legalmente, no lo puede hacer", por lo que el Ejecutivo utilizará todos los instrumentos que da la ley.

Entre las posibilidades que contempla la Administración regional está el conflicto de competencias, un recurso de inconstitucionalidad "como el que se presentó cuando el propio Soria estaba gobernando y, naturalmente, estamos haciendo las alegaciones".

"El Gobierno de Canarias no puede ir con una metralleta a pararlo", indicó. "Jurídicamente claro que lo vamos a intentar parar porque no nos va a amedrentar, eso era en la época de Franco", apuntó. "En un estado democrático, las cosas no son así", manifestó de forma contundente.