El PP propondrá al Parlamento de Canarias una iniciativa para reducir el 67 por ciento de los entes públicos de la Comunidad Autónoma, con la supresión de 17 organismos, por considerar que las medidas que ha presentado el Gobierno de Canarias en este aspecto rozan "la tomadura de pelo".

Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa la portavoz del grupo Popular en el Parlamento canario, María Australia Navarro, y el portavoz adjunto, Asier Antona, quienes indicaron que con este motivo se presentará mañana en el pleno de la Cámara regional una moción, consecuencia de interpelación, para reducir el número de empresas, fundaciones y organizaciones públicas.

En concreto, el PP pide la supresión de las empresas públicas Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, Canarias Cultura en Red y Saturno.

Al respecto, también solicita que la entidad pública Puertos Canarios se integre en la Dirección General del área.

Además propone eliminar otros cuatro organismos autónomos: la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y la Acreditación Universitaria; que se integraría en la Dirección General correspondiente; así como las agencias canarias de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y de Rehabilitación de la Planta Turística.

El PP quiere también que se supriman ocho fundaciones, las de la Academia de la Lengua, Promoción de la Educación, de Investigación y Salud, Fomento del Trabajo, Instituto Tricontinental de la Democracia Parlamentaria y los Derechos Humanos, Conservatorio Superior de Música, Rafael Clavijo para la Investigación Biomédica y para la Acción Exterior.

Según explicó Asier Antona, el PP quiere además fusionar otras veinte entidades relacionadas con los sectores turístico y agrario, vivienda, sanidad, bienestar y administración pública, de forma que sólo queden seis en activo.

Con la propuesta del PP, el sector público autonómico pasaría de contar con 45 organismos a trece y, según dijo el portavoz adjunto del grupo parlamentario Popular, las medidas que ha adoptado el Gobierno regional en este ámbito son "tímidas, insuficientes y tibias".

A su juicio, sólo el capítulo 1 -gastos de personal- de las 19 sociedades mercantiles existentes en la Comunidad Autónoma se eleva a 72 millones de euros.

Sin embargo, afirmó que esta propuesta de reajuste del sector público no conlleva supresión de personal, pues se trata de hacer una administración "mucho más eficaz" con la recolocación de empleados y estudiando su fórmula de contratación o si ocupan puestos de libre designación.