La Fiscalía de Medio Ambiente ha cursado denuncia por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente a una granja porcina ubicada en La Esperanza, en el municipio de El Rosario, por cometer, presuntamente, vertidos de residuos y aguas fecales continuados durante nueve años al barranco que limita con la propiedad. Asimismo, el cuerpo de la denuncia especifica que se investigue "la inactividad de la administración actuante ante las denuncias reiteradas que han sido presentadas por vecinos del lugar", por lo que, entre las diligencias de prueba que propone la fiscal Inmaculada Violán, se contempla la declaración de la autoridad y funcionarios públicos del Ayuntamiento de El Rosario.

La fiscal jefe, Carmen Almendral, remitió la denuncia, el pasado día 23 de noviembre al juzgado de instrucción de guardia de Santa Cruz a fin de que se lleven a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

En la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente se especifica la existencia de hasta siete resoluciones dictadas por el alcalde de El Rosario, Macario Benítez, en las que se solicitaba el desalojo de los animales y el precinto de las instalaciones. Los decretos fueron remitidos el 15 abril y el 21 de mayo de 2003, el 15 de abril de 2004, el 24 de abril de 2008, el 15 y el 17 de febrero de 2011 y el 9 marzo de 2011.

Además, en la resolución de 2004 se recogía expresamente que el suelo afectado por esta actividad está clasificado como "Rústico de Transición a Urbano, Asentamientos Rurales", siendo el uso incompatible con la citada actividad. Asimismo, existe un parte policial de 10 de julio de 2010 "dando cuenta de los malos olores y grandes manchas de color oscuro en la tierra, proveniente presuntamente, de la propiedad del denunciado".

Sin embargo, el primer antecedente se remonta a octubre de 2002, fecha en la que la Policía Local levantó un acta por vertidos en el barranco de basura y desperdicios de animales. Pese a ello, la primera denuncia vecinal se interpuso ante el Seprona el 23 de enero de 2003. En aquella ocasión se constató que la explotación porcina y vacuna estaba inscrita en el registro de explotaciones ganaderas, pero que no contaba con licencia de apertura.

A partir de entonces, se sucedieron las denuncias de los vecinos que habitan en los terrenos lindantes con la propiedad por los vertidos, el depósito de residuos agropecuarios, la afección a la vegetación arbustiva, el alto grado de contaminación y los malos olores.

Tras cada denuncia de los vecinos se produjo una de las siete resoluciones de Alcaldía solicitando el desalojo de animales y, de no llevarse a cabo, el cierre de la actividad. Pero, pese a ello, nunca constó "que se hubiere iniciado procedimiento sancionador ni adoptado medida cautelar alguna", por lo que el Ayuntamiento de El Rosario se habría limitado a dar traslado de diversas órdenes de cierre, pero sin tomar, hasta ahora, las medidas disciplinarias correspondientes que debieron derivarse tras detectarse la infracción.

Ante el requerimiento de información por parte de la Fiscalía, en el curso de la diligencias previas, el Ayuntamiento de El Rosario aprobó el pasado 27 de enero la ejecución subsidiaria del desalojo de los animales y la orden de clausura de las instalaciones.

El texto de la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente expone que "se ha venido desarrollando en el lugar una actividad sin amparo en los respectivos títulos habilitantes" y que ha podido provocar "vertidos, filtraciones y otras consecuencias nocivas para las condiciones generales del ecosistema y/o para la salud de los vecinos".

Estos hechos se habrían prolongado durante casi una década, a pesar de que el Ayuntamiento de El Rosario tenía perfecto conocimiento de las denuncias y de las irregularidades de la explotación, como así se desprende de los citados siete decretos firmados por el alcalde desde 2003.