Entre los objetivos principales de todos los equipos directivos que han pasado por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en los últimos años siempre ha destacado su intención de desarrollar al máximo todos los instrumentos destinados a la prevención de enfermedades, puesto que de esta manera no solo se conseguiría una tasa de población sana más alta sino también rebajar notablemente los costes sanitarios.

Sin embargo, en el Archipiélago parece ser la eterna asignatura pendiente, sobre todo en lo que a la diabetes se refiere, puesto que las Islas ostentan el título de región española y europea con mayor tasa de diabetes y también la que mayor tasa del mundo tiene en lo que a obesidad se refiere, incluso por encima de Estados Unidos, según los datos con los que trabaja la Sociedad Española de Diabetes (SED).

Estos niveles hacen que más del 20% del presupuesto de la Consejería de Sanidad se tenga que destinar al tratamiento de los enfermos que padecen diabetes y de aquellos en los que esta enfermedad genera otras tantas como la retinopatía diabética, la hemodiálisis o la insuficiencia renal.

La propia Consejería de Sanidad reconoció públicamente que en Canarias había 192.000 personas con diabetes en la cartera de servicios del SCS en 2010, por lo que, teniendo en cuenta que la propia SED estima que cada paciente con diabetes le cuesta a la sanidad pública una media de 3.000 euros al año y haciendo un sencillo cálculo, se obtiene que en Canarias se destinan en torno a 575 millones de euros cada año para el tratamiento de la diabetes y sus enfermedades añadidas.

Son precisamente estas dolencias (fundamentalmente la obesidad, los problemas de visión, circulación y problemas del aparato excretor y cardiovascular) los que más coste suponen.

Baste con decir que algo tan sencillo como las tiras reactivas para medir la glucosa en sangre cuestan alrededor de 45 euros una caja de 50 (precio de venta al público) y que un diabético tipo I puede utilizar hasta dos en una sola semana, por no hablar de las agujas, que las distribuye el Servicio Canario de Salud en los ambulatorios y que cuesta en torno a 20 euros una caja de cien, y los bolígrafos de insulina 50 euros la caja de cinco.

A esto habría que sumar el gasto farmacéutico y el sanitario que generan los controles y realización de pruebas de diabetes y de enfermedades asociadas.

Además, se da la circunstancia de que la prevención falla tanto en el Archipiélago que, una vez detectada a la diabetes, la mayor parte de los casos empeora por un inadecuado seguimiento y asesoramiento médico, lo que se refleja en los niveles de mortalidad.

Este hecho fue demostrado por el servicio de Nefrología del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (HUNSC) dando a conocer el año pasado que la mortalidad por diabetes tipo II en el Archipiélago es dos veces y media superior a la media nacional y el número de diabéticos con complicaciones triplica los casos que se dan en el conjunto de España.

Así, alertaron de que la tasa de diabéticos en Canarias, situada entre un 14 y 15 por ciento de la población, es ligeramente superior a la del resto de España, pero el 61 por ciento de los diabéticos acuden al médico cuando ya tienen complicaciones derivadas de la enfermedad, por lo que lleva latente entre 15 y 20 años. Por ello es tan alto el grado de enfermos diabéticos con complicaciones, y por cada peninsular que entra en diálisis por un fallo renal ocasionado por la diabetes, en Canarias entran tres.

Por si fuera poco, tres de cada diez trasplantados de riñón en Canarias lo son debido a las complicaciones de esta enfermedad, siendo el perfil del nefrópata diabético un hombre que vive en el medio rural, de origen canario (con padres y cuatro abuelos del Archipiélago), localizados en zonas definidas y con un alto porcentaje de ellos en el umbral de la pobreza.