Representantes de los comités de empresa de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de Santa Cruz de Tenerife y de La Palmas acusaron ayer al director general de Protección del Menor y la Familia, el aruquense José Gilberto Moreno García, de encargar, aprovechando un período estival, "a un autónomo, ajeno a la administración y casualmente vecino de Arucas, un proyecto ideado y desarrollado por los trabajadores de este departamento, por un importe de 18.000 euros, procedentes de las arcas públicas". La decisión, según relató Antonio Pérez, presidente del comité de empresa en Santa Cruz de Tenerife, fue tomada "en silencio puesto que se trataba de un contrato menor al que no se le exige ni concurrencia pública ni publicidad".
Acompañado por otros miembros del comité en las dos provincias, explicó que el proyecto en cuestión había sido idea de un grupo de empleados públicos con el fin de establecer "el mapa de recursos existentes a disposición de las familias numerosas en Canarias, así como los convenios con comercios y empresas que ofrecen ventajas económicas a esas familias a través de programas de colaboración, beneficiándose así ambas partes".
Sin embargo, según Pérez, un proyecto que hubiera podido realizarse "a coste cero y a iniciativa de los empleados públicos para beneficio de este importante colectivo de familias en el Archipiélago fue encargado a un tercero". Como anécdota, señalaron, para "poder llevarlo a cabo, el empresario beneficiario del contrato solicitó a los empleados públicos de la propia Consejería los datos sobre familias numerosas al tiempo que se ofreció para darles un curso sobre la materia". Por eso, con el ánimo de transparentar qué ocurre en las instituciones públicas, invitaron a otros comités de empresa de las instituciones canarias a denunciar este tipo de hechos que, están seguros, "se repiten en otros departamentos".
Asimismo, añadieron que el nombre y apellidos de este autónomo coincidían con los de un candidato en los últimos comicios al Cabildo de Gran Canaria, un hecho que, según Antonio Pérez, "ensucia a la administración y es una burla" para los trabajadores.