El decreto ley con la reforma laboral aprobada por el Gobierno iniciará su trámite parlamentario con el rechazo frontal del PSOE, que presentará una enmienda a la totalidad, mientras que la CEOE considera que va en la buena dirección, pese a que no es la reforma que hubiera querido.

El PSOE es el segundo grupo en anunciar que pedirá la devolución del texto de la reforma tras el anuncio de IU el pasado día 13.

Tras la reunión que han mantenido hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha quedado patente el distanciamiento que existe entre ambos respecto a la reforma del mercado de trabajo.

Rubalcaba ha anunciado a Rajoy que su partido presentará una enmienda a la totalidad y pese a que le ha manifestado su colaboración no cree que haya mucho margen para el acuerdo a priori, tras constatar que su discrepancia es "profunda y frontal".

Esta mañana, durante la sesión de Control en el Congreso, Rajoy ha admitido que las reformas "no van a producir efectos en el corto plazo" por la situación de la economía española y por el entorno internacional, especialmente el europeo, pero ha reiterado que sientan las bases para crecer y crear empleo en el futuro.

"Es verdad que aquí van a perder mucho poder tanto organizaciones empresariales como sindicales, pero nosotros tenemos que gobernar para la gente, para los trabajadores", ha subrayado Rajoy.

En la misma sesión, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado que todos los agentes sociales y económicos apoyan esta reforma y ha emplazado a PSOE e IU a dejar la confrontación y a presentar propuestas en vez de movilizarse.

Sin embargo, los agentes sociales también difieren respecto al contenido de la reforma.

Los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han convocado para el próximo domingo 57 manifestaciones en toda España contra la reforma laboral, porque consideran que está pensada para satisfacer a los empresarios y a los mercados financieros.

El lema elegido para estas protestas es "No a la reforma laboral injusta con los trabajadores, ineficaz para la economía e inútil para el empleo".

Desde Valencia, Toxo ha lamentado que el Ejecutivo esté animando a los sindicatos a tomar decisiones precipitadas sobre una huelga general y le ha advertido de que son los sindicatos los que marcarán el ritmo de las protestas y que la contestación llegará cuando los ciudadanos tomen conciencia de la necesidad de hacerla.

En el mismo sentido se ha expresado Méndez, quien ha subrayado que los sindicatos quieren hacer una labor de concienciación para informar a los ciudadanos, pero no están interesados en hacer una huelga general, sino en corregir la situación.

La visión sindical de la reforma contrasta con la que tiene la CEOE que, en palabras de su presidente, Juan Rosell, va "en la buena dirección" pese a que no es la reforma que la patronal quiere, ya que hubiera ido "más allá" en determinadas cuestiones, como en materia de flexibilidad.

Otro aspecto que no gusta a la patronal, por excesivo, es el plazo de 24 meses establecido en la nueva norma para el final de la vigencia de los convenios, según el presidente de CEPYME, Jesús Terciado.

Además, Terciado considera que el sistema de intermediación y arbitraje pactado con los sindicatos daba más facilidades y permitía resoluciones más rápidas que lo que establece la norma.

Los empresarios quieren que estas y otras cuestiones, como la modificación de los festivos, se tengan en cuenta en el trámite parlamentario.

A diferencia de la opinión de los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, quienes han advertido de que la reforma sólo generará más paro y menos derechos, Rosell cree que el Gobierno por fin ha cogido "el toro por los cuernos" tras sucesivas reformas, a su juicio, ineficaces.