El Juzgado número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha levantado el archivo del "caso Canódromo" y ha citado a declarar el próximo 14 de marzo al alcalde de la ciudad, Juan José Cardona (PP), en calidad de imputado por su intervención en la firma de ese convenio urbanístico hace diez años, según han confirmado fuentes judiciales.

El juez estima así el recurso que había formulado la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que consideraba precipitado y sin suficiente motivación jurídica el archivo de las investigaciones realizadas en torno a esa operación urbanística.

Fuentes del Ministerio Público han precisado que el fiscal no aprecia delito alguno en la aprobación del Plan Especial del Canódromo por el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria en 2003, pero sí observa indicios de prevaricación o malversación en los convenios urbanísticos que se firmaron con carácter previo.

Por ese motivo, la Fiscalía solicitó en su recurso que se levantara el sobreseimiento del caso y se citara a declarar como imputado al concejal de Urbanismo que gestionó y rubricó esos convenios en los años 2000 y 2002, Juan José Cardona.

El Ministerio Público se basa en las sospechas de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vendió esos terrenos por un precio "muy por debajo del mercado", como apuntó en su día la comisión municipal que investigó la operación.

La Fiscalía advirtió además al juez de que los posibles delitos investigados en este procedimiento prescribirían en las próximas semanas si no se practicaban las nuevas diligencias que había demandado, al cumplirse diez años de la aprobación por parte del Ayuntamiento de la permuta de terrenos del Canódromo.

El juez instructor de la causa ha aceptado esa solicitud y ha citado a Cardona a que comparezca ante él como imputado el próximo 14 de marzo para que dé las explicaciones oportunas sobre las circunstancias en las que se negociaron y firmaron esos convenios.

Este caso se reabre en la vía penal unas semanas después de que el Tribunal Supremo haya ordenado a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que revise la sentencia por la que anuló el plan especial del Canódromo y, de forma indirecta, los planes generales de la ciudad de 2000 y 2005, por considerar que no estaba suficiente motivada.