El presidente del Círculo de Empresarios, Claudio Boada, ha insistido en que la reforma laboral no sólo no ha reducido el número de contratos, como prometió el Gobierno en su día, sino que se ha incluido uno más, y ha confiado en que durante la tramitación de la norma se contemple la posibilidad de simplificarlos.

Una reivinciación que contrasta con las declaraciones que el PP realizó tras la aprobación de la reforma laboral, en las que señaló que en España no había más de una decena de contratos temporales, pero que "una mala comunicación" había hecho que se entendieran como modalidades diferentes de contrato aquellos que incorporaban algún tipo de bonificación.

Para Boada, la reforma supone un "paso adelante" pero no contempla algunos aspectos necesarios, como una ley de huelga, o un coste de despido "más en línea" con los existentes en Europa, es decir, más cercano a los 20 días de indemnización por año trabajado que los empresarios venían reclamando.

"Echamos en falta una ley de huelga, que no pensábamos que iba a estar pegada al decreto, pero sí por lo menos que se hubiera hecho algún anuncio de que se está trabajando en ello, y de que es absolutamente necesaria", ha remarcado.

Asimismo, ha remarcado la necesidad de mayor concreción en lo que a políticas activas y pasivas de empleo se refiere, a la vez que ha hecho hincapié en la importancia de abordar el problema del absentismo en España, apuntando que en otros países europeos son los propios sindicatos los que se encargan de los trabajadores absentistas. VIGENCIA DE UN AÑO PARA LOS CONVENIOS.

Por su parte, el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, ha abogado por una mejora de la reforma en el ámbito de la intermediación laboral, al destacar que una vigencia de dos años para los convenios colectivos que no se logran renovar es "excesiva", y afirmar que con doce meses sería "suficiente".

Del mismo modo, Boada ha considerado que situar la prórroga máxima de los convenios colectivos vencidos en dos años es "ciencia ficción", y ha señalado que incluso con un plazo "más reducido" del año que indicaba Terciado se podría alcanzar un acuerdo.

LIQUIDEZ Y MOROSIDAD, LOS PROBLEMAS DE LAS PYMES.

Respecto a la posibilidad de que el Instituto Oficial de Crédito (ICO) actúe como pagador de las deudas que los ayuntamientos tienen con los proveedores, Boada ha señalado que se trata de una "buena idea" que facilitaría la supervivencia de muchas pymes.

Además, Terciado ha subrayado la necesidad de crédito de las pymes españolas, destacando el papel de las sociedades de garantía recíproca como sistema para atender el problema de la falta de garantía que encuentran muchas de estas empresas.

No obstante, ha apuntado que este método es "como llenar una piscina con barreños de agua", destacando que está resultando "muy útil" pero dispone de escasa aportación de capital.

El presidente de Cepyme también ha señalado que durante su última reunión con el secretario de Estado de Hacienda le insistió en la "urgencia" de que las pymes no tengan que pagar el IVA de las facturas que no han cobrado.

"Lo que hay no son dificultades políticas, sino técnicas. Espero que en la medida de lo posible esta medida se aplique cuanto antes", ha subrayado Terciado.

LAS PYMES, MOTOR DE EMPLEO Y CRECIMIENTO.

Durante su encuentro para presentar un documento conjunto sobre las pymes como clave en la recuperación del crecimiento y el empleo, ambos representantes de los empresarios han coincidido en la necesidad de que tanto el Estado, como los agentes sociales y la sociedad, potencien el papel de las pymes.

Así, Boada ha hecho alusión a la caída trimestral del PIB en un 0,3% y a las cifras actuales del desempleo, asegurando que quienes pueden mejorar la situación son las pymes.

También Terciado ha reconocido que la elevada tasa de endeudamiento del sector privado junto con el ajuste del déficit de las administraciones públicas harán complicados los primeros trimestres del año, y ha subrayado la importancia de adoptar de forma "urgente" medidas de alcance para las pymes.