Las organizaciones sindicales nacionalistas del País Vasco, Navarra y Galicia convocaron ayer una huelga general para el próximo 29 de marzo en contra de la reforma laboral del Gobierno, mientras que las centrales mayoritarias del país -CCOO y UGT- valorarán esa opción tras las manifestaciones del domingo.

Frente a lo que consideran una postura tibia por parte de los sindicatos mayoritarios, los nacionalistas creen que la huelga general es una "obligación" para defender a los trabajadores y desempleados de una reforma en la que ven una clara agresión, y de la que dudan que pueda servir para crear empleo.

Los sindicatos vascos y navarros (ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e HIRU) registraron ayer la convocatoria ante las autoridades laborales autonómicas, pero la Confederación Intersindical Galega solo la anunció y dejó abierta la posibilidad de modificar la fecha de la huelga general para sumarse a una posible convocatoria de CCOO y UGT, en el caso de que opten por esta vía "no más allá del mes de marzo".

Entre tanto, la secretaria insular de CCOO en Tenerife, María del Carmen Martínez, y su homólogo de UGT, Fernando Dávalos, hicieron ayer un llamamiento a los ciudadanos para participar en la manifestación contra la reforma laboral que tendrá lugar mañana, en Santa Cruz, a partir de las 12:00 horas, en una jornada de movilizaciones en las principales ciudades del país.

En este sentido, ambos coincidieron en la dificultad que entraña la convocatoria al coincidir con la celebración del Carnaval de Día, por lo que apelaron a la "concienciación ciudadana" para expresar un masivo rechazo a este paquete de medidas que, según apuntó Martínez, "pone a los pies de los caballos a los trabajadores, ya que rota el eje de donde deben recaer los sacrificios y elimina toda posibilidad de recuperación económica".

Aunque otras organizaciones han promovido protestas de manera independiente, la portavoz de CCOO puntualizó que "se ha invitado a todos los sindicatos, los partidos políticos y movimientos sociales para que se sumen a esta iniciativa", ya que la inmensa mayoría de ellos la considera negativa.

Por su parte, Dávalos subrayó que "a pesar de esta fecha festiva, Tenerife no podía quedar fuera de este clamor social".

Así, bajo el lema "No a la reforma laboral injusta, ineficaz e inútil", el trazado del recorrido evitará la zona del Carnaval y saldrá desde la Comandancia de Marina, en la esquina entre La Rambla y la avenida de Anaga y transcurrirá por la calle Méndez Núñez hasta llegar a la Subdelegación del Gobierno.

Pérdida de derechos

El máximo representante insular de UGT recalcó que "la reforma es tremendamente injusta porque pone todo el peso de esta crisis sobre las espaldas de los trabajadores", al tiempo que lamentó que implique "la pérdida de unos derechos que han costado muchísimos años de negociación, de diálogo y de avance social", por lo que la definió como "una involución sin precedentes en la historia de la democracia". En esta línea, criticó que "con ella, la ley pasa a proteger a la parte más fuerte per se de la relación laboral, que es el empresario, y a defender a ultranza sus cuentas de resultados", a lo que agregó que, además, "pone a todos los trabajadores en la amenaza permanente de un despido improcedente".

Mientras, la directora general de Trabajo del Gobierno de Canarias, Gloria Gutiérrez, afirmó, por medio de un comunicado, que la misma supone un "ataque frontal" al principio de estabilidad en el empleo, al "extinguir la fiscalización de la autoridad laboral en los Expediente de Regulación de Empleo (ERE)".

Además, reprochó al Gobierno central que "con sólo tres trimestres consecutivos de pérdidas -por irrisorias que estas sean- el empresario pueda despedir a los trabajadores que considere pertinentes "sin fiscalización previa y limitando la fiscalización posterior que pueden realizar los jueces de la Jurisdicción Social, que se limitarán a constatar el dato objetivo".

En este contexto, la Asociación de la Empresa Familiar de Canarias (EFCA) subrayó que el paquete de medidas que incluye "da respuesta a las demandas empresariales de modificar la normativa existente", y urgió su puesta en marcha "para que pueda contribuir a sentar las bases en la creación de puestos de trabajo".