"Cabildo Insular de La Palma. Anuncio de 12 de diciembre de 2011, por el que se somete a información pública el expediente de autorización previa tramitado a instancias de... para una villa de 4 plazas de capacidad, a ubicar en Fagundo, Rodadero, Puntagorda". Este y otros pocos anuncios similares publicados a lo largo de los últimos años en el Boletín Oficial de Canarias o en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, sobre pequeñas casitas turísticas de nueva creación o que se legalizan, son los escasos resultados palpables obtenidos del ansiado Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma, el comúnmente conocido como PTE de Turismo.
La normativa se aprobó en mayo de 2007 tras largas disputas políticas e intereses urbanísticos defendidos por los municipios frente al denominado "modelo palmero". Ese modelo limitaba el crecimiento turístico a un máximo de 10.000 camas hasta 2020. Además, la Isla no podría superar, sumando los alojamientos ya existentes a los de nueva creación, el techo máximo de las 25.500 camas turísticas.
Pero, hasta ahora, casi cinco años después, no se ha ejecutado ni una sola cama turística nueva que necesitara de ese PTE. Solo se está construyendo un pequeño hotel urbano en Tazacorte (32 habitaciones), que no dependía directamente del PTE, al tratarse de una rehabilitación de inmuebles históricos. Además, algún pequeño alojamiento antes ilegal (en la Isla se calculan más de 1.000 casas turísticas sin papeles) se está regulando o se están ejecutando pequeñas nuevas casitas turísticas.
Ni de lejos, se sabe nada de los grandes proyectos que se vendieron en foros políticos y en debates públicos por entonces. En total, según recogía el propio PTE, eran hasta 17 hoteles y complejos temáticos de diferente calado que se repartían por todos los municipios de La Palma. ¿Alguien ha visto algún proyecto redactado, tramitado y con inversor listo para su ejecución? Lo cierto es que, a día de hoy, no hay ninguno en marcha. Ni si quiera con intención de ejecutarse.
Aquellos supuestos inversores extranjeros, con intermediarios afincados en la Isla que dibujan proyectos e infografías (alguna presentada en Fitur), nunca llegaron. El tiempo ha dejado claro que se vendió humo.
Hoteles temáticos.- El más próximo de esos grandes nuevos complejos hoteleros podría ser el urbanizable aislado de Las Hoyas (en Tazacorte), con 900 camas, por contar con un inversor que ya ejecutó un hotel en La Palma, el Princess de Fuencaliente. Pero, de mantenerse la intención de construirlo (con un complejo de buceo anexo), el proyecto se encuentra taponado hasta que el Plan General de Ordenación de Tazacorte se adapte a las nuevas normativas.
Pero habían para todos los gustos. Otros tres urbanizables aislados se proyectaron y aprobaron, no sin problemas burocráticos, en: Las Manchas (Los Llanos), con 500 camas y un complejo de salud; Martín Luis (Puntallana), con 480 plazas alojativas promovidas por el conocido empresario Miguel Concepción; y Balcones de Mazo, con otras 500 camas y con problemas en el juzgado por estar junto a una cantera de áridos. Todos estos aislados, que suman 2.500 camas, tienen autorización desde septiembre de 2010.
Campos de golf.- Además, se incluyeron en el documento turístico hasta cinco posibles campos de golf , con autorización del Gobierno de Canarias desde junio de 2008. Estos proyectos ni siquiera requerían la adaptación de los planes generales de los municipios al PTE, ya que eran autorizados por la Ley de Medidas Urgentes de 2009 que permitía los grandes equipamientos turísticos y los hoteles de cinco estrellas. Sin embargo, ni uno.
El más sonado era el Aridane Golf (en Los Llanos), que tras décadas de conflictos judiciales por su posible afección a un espacio natural se aprobó. Sin embargo, los promotores (tres sociedades de Madrid y Las Palmas) no han movido un papel más.
En el caso de Fuencaliente se afirmó que el inversor (de Tenerife pero sin identificar) llegó a comprar más del 70% del suelo, pero el número de camas asignado, al parecer, resta rentabilidad. En Breña Alta, el proyecto está aprobado, con autorización, pero los inversores de Puerto Calero reclaman más camas. Mientras, en Barlovento (sobre terrenos municipales) o en Puntagorda (donde solo existe una pequeña propiedad), no se conoce interés de inversores reales.
Urbanizables aislados.- Además el Plan Territorial Especial de Turismo de La Palma incorporaba otras actuaciones urbanizables aisladas o ACP repartidas por municipios rurales. De las ocho que había, sólo se tramitaron dos conforme a los requerimientos de la normativa para explotaciones turísticas en suelos rústicos.
El más conocido es el de Santa Lucía, en Puntallana, un hotel de 250 camas. Tiene autorización turística del Cabildo Insular, pero sus propietarios, de fuera de la Isla, no han desarrollado el proyecto. A este se une el de Botazo, en Breña Alta, denominado Hotel Alegría con capacidad para 116 huéspedes. En este caso, tiene hasta licencia, pero los supuestos inversores dejaron pasar el tiempo límite (año 2010) para culminar los trámites.
Se habían previsto otros seis hoteles rurales aislados, como el de Don Pedro (Garafía), pero no fueron proyectados conforme al PTE dentro del tiempo establecido.
planes generales
Hay 10 municipios sin adaptar el suelo a la normativa turística
Han transcurrido varios años desde que se aprobó y publicó el decreto del Gobierno de Canarias que regula los alojamientos turísticos en suelo rústico, así como el Plan Territorial Especial (PTE) de la Actividad Turística de La Palma. Sin embargo, tan solo cuatro municipios se han adaptado a las normas del modelo. Los Llanos, Puntagorda, Tijarafe y Breña Alta cuentan con sus planes generales al día, por lo que son los únicos municipios que han podido iniciar la legalización de alojamientos turísticos clandestinos, algo que permite el PTE. El resto de localidades de La Palma, hasta diez municipios, siguen sin poder legalizar una oferta que se ha mantenido durante muchos años sin regular. En La Palma hay más de mil viviendas turísticas, con más de 3.500 camas (según un censo elaborado por el Cabildo, más de 5.000 según algunas fuentes del sector) pendientes de legalización.