El decreto recientemente firmado por el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, con el objetivo de lograr una ciudad más limpia ha conseguido, hasta ahora, una reacción muy negativa de un sindicato (Sepca) y del portavoz de SSP, el abogado Pedro Arcila, quien considera que algunas afirmaciones que contiene el documento incumplen el ordenamiento jurídico vigente.

Mientras el citado sindicato ha decidido recurrir el decreto, el concejal pidió ayer al máximo mandatario local que reconsidere esta iniciativa, en vigor desde el pasado 3 de febrero, aunque aún ha de concretarse las medidas.

Para Arcila, lo adecuado es retirar el decreto, sobre todo por su exigencia a los funcionarios municipales de aplicar las sanciones más altas posibles a los ciudadanos infractores. A su juicio, algunas instrucciones del alcalde contenidas en dicho texto son de dudable legalidad. "Bermúdez está exigiendo a los instructores de los expediente sancionadores que se aplique la multa más elevada de las posibles, desconociendo que la labor de fijar la sanción le corresponde exclusivamente a los funcionarios responsables de la instrucción, quienes deben, tras un complejo proceso de análisis de las circunstancias que concurren en cada caso, atenuar o agravar la multa que pueda imponerse por la infracción cometida".

El portavoz de SSP se muestra muy duro con el alcalde tras estudiar a fondo el contenido de un decreto que, según señala, "incumple principios básicos del derecho sancionador". "No podemos permitir que, en una sociedad democrática como la nuestra, el ayuntamiento se dedique a incumplir los principios básicos del derecho sancionador. Por eso -subraya-, no estamos dispuestos a admitir estos tics autoritarios del máximo mandatario de la corporación".

El concejal no disimula su asombro ante lo ocurrido y asegura que se trata de una "nueva faceta del alcalde, que envuelve su actitud mandona con el más asombroso desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico, lo que produce vergüenza ajena". Es más, considera que, por la coincidencia del momento, "carnavaladas, las justas".

En su opinión, "una cuestión tan importante como la que aborda el polémico decreto, como es la mejora del ornato y conservación de los bienes municipales, no debe verse envuelta en la polémica por "la torpeza de Bermúdez".

El alcalde, por el contrario, se ratificó ayer en el contenido del decreto y aseguró que, lejos de la versión de Arcila o del Sepca, cumple de forma escrupulosa con la legalidad vigente.

El decreto endurece las sanciones contra los vecinos que no mantienen un comportamiento cívico con el resto de conciudadanos y la administración en la calle y lugares públicos. Entre otras cosas, se alude a la ordenanza de uso y vertido a la red de alcantarillado, la de protección y tenencia de animales, la de vehículos abandonados y la de la limpieza de espacios públicos y gestión de residuos urbanos, que también se han endurecido. Pero se pone especial énfasis en el incumplimiento de los horarios para el depósito de las basuras y residuos, así como su colocación en lugares inadecuados. también se será más estricto con los que arrojan papeles y colillas a la vía pública o a zonas ajardinadas, con los que miccionan en la calle o con los que dañan los bienes y el mobiliario urbano mediante pintadas, incendio o roturas. Asimismo, se especifica como sancionable la falta de limpieza en solares privados.

El alcalde asegura que estas actitudes son aún más graves cuando hay crisis porque el consistorio ha de hacer frente con menos medios, incluso sin poder dar abasto con la celeridad deseable.